Ley de apoyo a 'dreamers' avanza en comisiones de San Lázaro

Por mayoría, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Educación que pretende facilitar la revalidación de estudios de los migrantes mexicanos que regresen al país, sobre todo de los dreamers que sean deportados por el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

La reforma fue aceptada en los mismos términos que la avaló el Senado de la República y se espera que esta semana se debata en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Al debatirla en la comisión, la diputada de Morena, Patricia Aveces, dijo que tres de los 12 artículos reformados dan pie a la privatización de la educación.

Si el problema migratorio realmente fuera el centro de esta iniciativa, se hablaría de apoyar a las escuelas rurales y comunitarias, en donde se concentrará el grueso de la población que regresará debido a las deportaciones masivas”, dijo.

Sin embargo, sus argumentos fueron refutados por las demás fuerzas políticas. El secretario de la Comisión y miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Luis Manuel Hernández, resaltó que ninguna autoridad mexicana sabe todavía en qué estados se concentrarán los estudiantes deportados, ni siquiera el número de dreamers que llegarán al país ante una deportación masiva.

Tenemos un problema. No sabemos cuántos niños ni jóvenes vengan en las próximas semanas o meses. No sabemos si se van a quedar en la frontera, no sabemos si van a ir a Guanajuato, o a Michoacán, o a Oaxaca, o a Guerrero, o a las entidades donde están sus orígenes y no sabemos de qué tamaño va a ser el problema ni por niveles, ni por modalidades, ni por regiones”, declaró.

La presidenta de la Comisión, Hortensia Aragón, precisó que la reforma otorga facilidades a los migrantes que regresan al país para incorporarlos al sistema educativo nacional, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten, pero, de ninguna manera, se trata de una reforma sobre la calidad educativa ni en materia migratoria.

Tanto Aragón como el priista Adolfo Mota manifestaron que la iniciativa presidencial no pretende que alguien obtenga una ganancia política.