Diputados aprueban en lo general y en lo particular Ley de la Fiscalía General

A casi 5 años de que se promulgara la reforma político electoral en la que entre otros elementos, planteó transformar a la Procuraduría General de la República (PGR), adscrita al Poder Ejecutivo, en una Fiscalía General de la República, finalmente los diputados aprobaron la Ley Orgánica para reglamentar la organización y funcionamiento de este organismo público autónomo.

Con 341 votos a favor, 119 en contra y 1 abstención se aprobó en lo general la estructura de la Fiscalía cuyo titular deberá ser designado por el Senado de la República para un periodo de nueve años.

Con 296 votos a favor, 138 en contra y una abstención, se aprobó en lo particular y en términos del dictamen los artículos reservados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 55, 56, 57, 58 y 63, además de los transitorios primero, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo tercero y vigésimo. El documento, avalado en términos de la minuta remitida por el Senado de la República, señala que serán funciones del Fiscal General: investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales. Asimismo, podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en los actos de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. El titular de la Fiscalía General tendrá la facultad de elaborar el Plan de Persecución Penal, en el cual deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y las prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos.

Entre sus primeras tareas destaca la entrega del Plan Estratégico de Transición que contenga un diagnóstico completo de los fenómenos criminales que perseguirá, su ubicación geográfica; así como un Plan de Persecución Penal con la operación y despliegue territorial del modelo de investigación criminal, para lo cual contará con el plazo de un año.

En este periodo también deberá presentar un inventario de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y un reporte de casos de alto impacto social o de violaciones graves a los derechos humanos. Los casos pendientes de resolución relacionados con violaciones graves de derechos humanos o corrupción, los cuales no podrán ser liquidados.

Asimismo, transcurrido un año del nombramiento del Fiscal General, la Ley Orgánica en su artículo décimo tercer transitorio establece que se revisará el marco constitucional y jurídico de la Fiscalía para identificar y plantear las reformas constitucionales o a la ley secundaria que se requieran para su óptima operación.

Fiscalía General no será autónoma; faltó reforma constitucional: PAN 

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados opinó que la Fiscalía General de la República no será autónoma ni servirá a la ciudadanía, debido a la falta de una reforma al Artículo 102 constitucional y a la expedición de una Ley Orgánica con “algunas imperfecciones”.

En conferencia de prensa el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, subrayó que se debió realizar una reforma constitucional para que la Fiscalía General goce de verdadera autonomía, pero “Morena no quiso hacerlo, lo cual fue un error”.

Además, en su opinión, la minuta que expide su Ley Orgánica debió haberse enriquecido porque tiene “algunas imperfecciones”, pero Morena se cerró a modificarla y así el nuevo órgano de procuración de justicia no tendrá las mejores preparaciones profesionales para llevar a cabo sus tareas y para la corrupción y la impunidad.

Cualquier acción que no sea cambiar el Artículo 102 es cirugía cosmética, no de corazón abierto, y esa es la gran omisión que hoy nos pesa”, externó.

En tanto la también panista Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, comentó que la Fiscalía General tendrá una sujeción al Ejecutivo, lo cual se evidencia en los mecanismos de designación y remoción de su titular, donde el Presidente de la República tiene injerencia.

Morena se negó totalmente a que se pudiera procesar una reforma constitucional al 102 y construyó una iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General, que fue votada sin una modificación en el Senado y en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados”, refirió.

Indicó esta Ley Orgánica “tiene muchísimos problemas”, como la figura de Coordinador General que tiene todas las facultades del propio Fiscal General pero sin estar sujeto a un control parlamentario; así como la desaparición de fiscalías sustantivas como la especializada en investigación de delincuencia organizada y la de atención a violencia contra las mujeres y trata de personas.

Pareciera que quisiéramos evitar la visibilidad de estos delitos que tanto lastiman a nuestro país”, alertó.

Para la diputada Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, con el diseño de esta Fiscalía General “lo que percibimos es un modelo de perdón y olvido, es decir en esta Fiscalía está escondido todo el tema relativo a la amnistía”.