Drogas que matan, ¿abuso del libre albedrío?

México Social

Un Estado social democrático no puede, por definición, intervenir directamente en las decisiones individuales: qué comer, qué tomar, cómo vestir, cuántos hijos y cuándo tenerlos, tener sexo o no y con quién hacerlo, son ejemplos de decisiones totalmente soberanas de las personas, y en las cuales, se asume, es el libre albedrío el que debe decidir.  

Hay, sin embargo, una tensión respecto de este principio fundamental: ¿qué debe hacer el Estado y hasta dónde está facultado a intervenir, cuando las decisiones de los ciudadanos ponen en riesgo el bienestar de otras personas, o bien, cuando el conjunto de decisiones soberanas individuales, amenazan la viabilidad social y económica de la comunidad políticamente organizada?

Para la discusión bastan algunos ejemplos. Beber alcohol, en las cantidades que se quiera, es una decisión individual; sin embargo, de acuerdo con los anuarios de morbilidad de la Secretaría de Salud, en 2015 se contabilizaron siete mil 937 casos de personas atendidas por “Enfermedad alcohólica del hígado”; otras siete mil 345 por “cirrosis hepática alcohólica”; así como 42 mil 598 casos por “intoxicación aguda por alcohol”.

En la misma lógica, las estadísticas de mortalidad del Inegi muestran que hay al menos 35 mil defunciones anuales (otros datos sugieren que podrían ser hasta 50 mil casos), atribuibles directamente a la ingesta abusiva del alcohol.

¿Quién debe pagar por estas decisiones individuales? Y, por otra parte: ¿hasta dónde el Estado es responsable de esta situación, cuando no ha desarrollado los mecanismos de protección social para garantizar servicios de salud de calidad y, en ese marco, para la salud mental, la prevención de las adicciones y, en general, cuando ha renunciado a ser un Estado de bienestar?

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