"Barbosa es un caso extremo del mal gobierno": Damián Zepeda

Con la nueva Ley de Educación en Puebla, el gobierno de Miguel Barbosa busca invadir la esfera de la educación privada con la apropiación de sus bienes, la regulación de cuotas y la fiscalización", así lo aseguró el senador del PAN, Damián Zepeda.

Consideró que por medio de estas tres vías el gobierno estatal intenta tener un control absoluto de la educación -en este caso, privada-, valiéndose de una legislación ambigua y poco clara. Así lo explicó en entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio.

Me preocupa ese señalamiento ambiguo, poco claro de que los bienes de las escuelas son parte del sistema de educación pública, ahí se puede pensar en una posibilidad de una intervención directa del gobierno del Estado lo  cual sería completamente inconstitucional y violatorio de los derechos”, expresó.

Para el legislador, este acto visto desde una coyuntura, podría estar aunado a una ideologización de la educación que se puede constatar en la manera en que los libros de texto gratuito manejan algunos conceptos, como el de neoliberalismo.

Asimismo, afirmó que este no es un hecho aislado pues a raíz de este “escándalo”, en Baja California “alguien ya presentó una iniciativa igual de parte de Morena, entonces, me preocupa que se pueda volver a constante y por eso hay que pararlo de inmediato, no permitir ningún tipo de confusión y tumbar esa ley de Barbosa que claramente es inconstitucional”, afirmó.

El senador blanquiazul sostuvo que es necesario ponerle límites al gobernador poblano, “para dejarle claro que no puede hacer lo que quiera.

Barbosa es un caso extremo del mal gobierno (…)  Va de una ocurrencia tras otra  es una desgracia que tenga un estado enorme, de los más grandes en el país, pujante,  con mucha industria, no puedes tener a un gobernante tan irresponsable que está rayando en el exceso y hay que irle poniendo acotamientos”, sostuvo.

Finalmente, Zepeda Vidales aseguró que no hay manera de que esta ley se sostenga y confió en que una vez que el caso llegue a la SCJN “lo van a tumbar” para enviar un mensaje contundente a los gobiernos estatales de que no pueden actuar de esta manera.