La crucial agenda de la niñez

México Social

De acuerdo con los datos del Coneval, entre los años 2014 y 2016 el grupo de población entre el cual se tuvo la menor disminución en los niveles de pobreza fue el de las niñas, niños y adolescentes. En la última medición, relativa al año 2016, entre quienes tienen más de 18 años el porcentaje de personas en pobreza fue de 39.9%; en contraste, el 51.1% de los menores de 18 años vivían en pobreza.

Adicionalmente, el Coneval estimó que para el año 2016 sólo 19 de cada 100 niñas y niños podían ser considerados como no pobres y no vulnerables; es decir, sólo dos de cada diez niñas y niños tienen acceso a lo que es considerado en la medición oficial como “condiciones adecuadas de bienestar”.

El Módulo de Trabajo Infantil que levanta periódicamente el Inegi muestra también que en el año 2015, de los 29.4 millones de niñas, niños y adolescentes entre cinco y 17 años de edad, 27.3 millones asisten a la escuela; es decir, dos millones están fuera de la escuela, mayoritariamente en el nivel de educación media superior.

Frente a estos datos, los avances que se han conseguido palidecen y se muestran siempre como insuficientes. Es cierto que tenemos una ley general de amplio espectro; que se ha construido un nuevo Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez; hay un sistema de justicia penal adolescente; y se ha logrado prácticamente la matriculación universal en primaria.

El día de hoy se conmemora el Día Mundial del Niño y de la emisión de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña. Han transcurrido ya casi 30 años desde que México la ratificó, y las condiciones en que vive la niñez, como puede verse, se encuentran muy lejos de la garantía siquiera del derecho al mínimo vital sobre el cual ya hay pronunciamientos jurisprudenciales del Poder Judicial de la Federación.

Construir un país apropiado para la niñez implica, debe decirse, un nuevo Estado de bienestar. Porque garantizar de manera integral, interdependiente, simultánea y progresiva el catálogo de todos sus derechos, implica, desde una institucionalidad distinta, hasta una lógica diferente de presupuestar y asignar los recursos públicos.