Senado pelea multa inédita; tribunal ordena pagar a un magistrado rechazado

En una decisión judicial insólita, el magistrado Juan Manuel Terán y Contreras, quien se amparó cuatro veces para obligar al Senado a ratificarlo como magistrado regional, logró que un tribunal impusiera una inédita multa al Senado de 3.4 millones de pesos por no haberlo nombrado, y ahora intervendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues en los hechos la multa anula la facultad constitucional soberana senatorial de ratificar un nombramiento o no hacerlo.

La última resolución del Senado señala las fallas en el trabajo del magistrado, quien siguió cobrando como tal gracias a los amparos, y ahora que ya está en jubilación quiere que el Senado le pague 3.4 millones de pesos por afectación salarial.

Ayer, Martí Batres, presidente del Senado, detalló que Terán y Contreras logró que el 1 de septiembre de 2018 el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX le impusiera al Senado una multa de cuatro millones 445 mil 947 pesos por no haberlo ratificado como magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de 10 años.

El Senado impugnó entonces la resolución judicial, pero de forma insólita el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ratificó la multa, aunque modificó el monto a tres millones 446 mil 77.17 pesos.

Ante la decisión judicial, que considera infundada, pues anula su facultad constitucional soberana de ratificar o no un nombramiento, el Senado pidió la intervención de la SCJN, la cual respondió positivamente y será el ministro Juan Luis González Alcántara el responsable del caso.

La historia de Terán y Contreras inició el 2 de junio de 2011 cuando el entonces presidente Felipe Calderón lo incluyó en las ternas para ocupar vacantes en salas regionales; en julio de 2011, el pleno de la Permanente aprobó el nombramiento de varios magistrados, pero no incluyó a Juan Manuel Terán.

Unos meses después, en septiembre de 2011, la Mesa Directiva del Senado remitió a comisiones que habían vencido algunos periodos de magistrados y debía decidirse si se prolongaban otros 10 años, pero no hubo decisión al respecto.

Juan Manuel Terán y Contreras se inconformó ante instancias judiciales y desde el 2 de octubre de 2014 ha logrado que la justicia obligue al Senado a volver a analizar su caso; ya en dos ocasiones más lo volvió a rechazar y nuevamente volvió a inconformarse.

En abril de 2017, el Senado fue obligado nuevamente a analizar su nombramiento y lo volvió a rechazar, pero en esa ocasión, ya la cuarta, incluye en el dictamen las razones de tal decisión, basado en la información que solicitó a las instancias judiciales sobre su de-

sempeño como juzgador, y concluyó que “no es un servidor público comprometido con el principio de impartición pronta y expedita de la justicia”.