Especialista advierte vacíos de sanción en Ley de Economía Digital
"La ley puede imponer obligaciones, pero no establece consecuencias jurídicas": Alberto Córdoba, socio del despacho "Von Wobeser y Sierra"
Alberto Córdoba, socio del despacho "Von Wobeser y Sierra", advirtió que la iniciativa de la Ley de Economía Digital presenta vacíos legales al carecer de consecuencias jurídicas o sanciones para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que impone tras su dictaminación en comisiones.
En entrevista con Darío Celis para Imagen Radio, el especialista explicó que el proyecto de reforma busca limitar el uso de efectivo en sectores clave, pero enfrenta riesgos en su ejecución. El especialista señaló que, aunque se hicieron ajustes menores en la discusión parlamentaria, la estructura central del texto se mantuvo sin cambios sustanciales sobre las facultades punitivas de la autoridad.
Córdoba, también, detalló que las dependencias encargadas de redactar la regulación operativa no poseen la atribución legal para aplicar multas o castigos; por lo que señala que si el texto legal de origen omite las penalizaciones, las disposiciones que deriven de él no podrán subsanar dicha carencia normativa.
"El problema aquí es que las autoridades que emitan estas disposiciones no tienen facultad para sancionar los incumplimientos, entonces si la ley no va a establecer una sanción, pues tampoco lo van a poder hacer las disposiciones secundarias", indicó.
El integrante del despacho "Von Wobeser y Sierra" puntualizó que las primeras actividades prioritarias identificadas por el Ejecutivo corresponden a estaciones de servicio de combustible y casetas de cobro en autopistas.
Objetivos fiscales y combate a ilícitos en efectivo
El especialista añadió que la transición hacia medios de pago electrónicos responde a propósitos de recaudación e inclusión financiera, además de la búsqueda de eficiencias operativas en las finanzas del Estado.
"La disminución del uso de efectivo va a un ahorro aproximado, según los estudios, del 1 a 1.5% del PIB y va a tener también un ahorro en fiscalización que estudios establecen que se puede perder hasta el 2.6% del PIB por reclamaciones asociadas a operaciones relacionadas al uso de efectivo", sostuvo Alberto Córdoba.
El abogado argumentó que la estrategia gubernamental pretende cerrar el paso a delitos vinculados con el manejo de dinero físico en la administración pública y en áreas de infraestructura.
"Definitivamente se ve el interés del gobierno de también con esta ley eliminar delitos asociados al efectivo como son sobornos ante trámites gubernamentales, venta de gasolinas alias huachicol y el cobro en efectivo en casetas", aseveró Córdoba.
Expectativa de aprobación
Respecto al trámite legislativo, el especialista estimó que el proyecto continuará su curso en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en la cámara revisora, pero con modificaciones mínimas en la propuesta original.