Bolivia aprueba ley de estado de excepción tras semanas de protestas
El Congreso de Bolivia aprobó la Ley de Regulación de Estados de Excepción tras semanas de protestas y bloqueos que provocan desabasto en el país.
El Congreso de Bolivia aprobó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, norma que busca normar las medidas extraordinarias ante la crisis social del país por las protestas de ciudadanos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados tras recibir el visto bueno del Senado. El dictamen establece el marco legal para la aplicación de restricciones e intervenciones estatales ante conflictos internos, desastres naturales o amenazas directas a la seguridad nacional.
La legislación aprobada por el Poder Legislativo no representa una declaratoria automática de la medida restrictiva. El estatuto otorga las facultades jurídicas al Órgano Ejecutivo para activarla mediante un decreto supremo. Posteriormente, el decreto deberá remitirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que contará con un plazo de 72 horas para ratificar o rechazar la disposición.
Intervención militar e infraestructura estratégica
Uno de los puntos centrales del documento regula la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna. Los efectivos militares podrán intervenir en tareas de apoyo a la Policía Boliviana cuando las capacidades de esta última resulten superadas por los disturbios.
Asimismo, el marco legal faculta el despliegue militar para la protección de infraestructura pública estratégica. El texto prioriza el resguardo de las vías de comunicación para garantizar corredores humanitarios y asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad, insumos médicos y energéticos.
La aprobación legislativa ocurre tras registrarse la dimisión del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en medio de tensiones internas por la gestión de la seguridad pública.
Bloqueos impactan el abastecimiento
El territorio boliviano registra semanas de bloqueos carreteros y movilizaciones civiles impulsadas por organizaciones sindicales y sectores afines a la oposición política. Los manifestantes exigen modificaciones en las políticas económicas de austeridad y la reconfiguración de la administración pública.
Las protestas sociales y el cierre de las principales rutas terrestres generaron problemas de distribución comercial. Las ciudades de La Paz y El Alto presentan dificultades en el acceso regular a alimentos básicos, combustibles fósiles y medicamentos, afectando a una población estimada de dos millones de habitantes.
Ya no queda nada para comprar: ni verduras, ni pollo, ni carne, y lo poco que hay se ha vuelto muy caro", dijo Clemente Calle. "Si él (el presidente Paz) quiere irse, que se vaya; eso es lo que necesitamos", añadió.
Analistas internacionales señalaron que el descontento social excede las demandas partidistas, impulsado por el incremento de precios en productos de consumo básico, la distribución de carburantes y los conflictos por la tenencia de tierras agrícolas.
Por su parte, Estados Unidos reiteró el jueves 4 de junio su respaldo al Gobierno de Paz, advirtiendo contra los intentos de derrocar a su administración y comprometiéndose a mantener los esfuerzos para preservar la seguridad regional.