Caso Cornell: ¿qué pasó en la presunta violación grupal y qué se sabe de la investigación?

Una presunta violación grupal ocurrida en 2024 en la Universidad Cornell volvió al centro de la atención en Estados Unidos después de que una exestudiante demandara a la institución y a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, a quienes acusa de haberla drogado y agredido sexualmente.

El caso había sido investigado por las autoridades en 2024, pero entonces no se presentaron cargos penales. La publicación de nuevos documentos y detalles del caso provocó que la investigación fuera reabierta y que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designara a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial.

Cornell, por su parte, enfrenta cuestionamientos por la manera en que respondió a la denuncia y anunció una revisión independiente encabezada por la exfiscal general interina de Estados Unidos Sally Yates.

¿Qué pasó en Cornell?

Los hechos denunciados ocurrieron en octubre de 2024 en la casa de la fraternidad Chi Phi, en el campus de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

La denunciante, identificada en documentos judiciales como Jane Doe para proteger su identidad, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. En una demanda civil presentada en septiembre de 2026 sostiene que fue drogada, quedó incapacitada para consentir y fue violada por siete integrantes de la fraternidad.

De acuerdo con la demanda, la joven había estado bebiendo antes de llegar a la casa de Chi Phi y posteriormente fue presionada para consumir drogas, entre ellas ketamina. La querella sostiene que después de perder el conocimiento fue agredida sexualmente por varios hombres.

La demanda también incluye una captura de pantalla de un grupo de Snapchat que, según la denunciante, muestra cómo uno de los integrantes de la fraternidad invitó a otros hombres a participar en el encuentro sexual.

Estos elementos forman parte de la versión presentada por Jane Doe en la demanda civil y no constituyen por sí mismos una determinación judicial sobre lo ocurrido.

La investigación posterior de Cornell incluyó entrevistas con estudiantes y otros testigos. Documentos revisados por medios estadunidenses muestran que la universidad realizó un proceso disciplinario interno y que la denuncia también llegó a la policía de Cornell.

La joven reportó el caso a la policía universitaria en noviembre de 2024. De acuerdo con documentos revisados por ABC News, inicialmente quedó registrado que una estudiante había denunciado haber sido violada por entre ocho y 10 hombres en la casa de Chi Phi.

Cornell suspendió temporalmente a la fraternidad y a varios estudiantes el 8 de noviembre de 2024. Posteriormente, la universidad expulsó a algunos de los estudiantes involucrados y aplicó otras sanciones disciplinarias.

La universidad ha rechazado que los acusados hayan recibido únicamente como castigo la posibilidad de escribir ensayos. Cornell sostuvo que un panel de profesores y empleados capacitados escuchó las pruebas y que las sanciones incluyeron expulsiones y suspensiones.

¿Por qué no hubo cargos penales en 2024?

Después de que la estudiante denunció los hechos, la policía de Cornell remitió el caso a la Fiscalía del condado de Tompkins.

El entonces fiscal del distrito, Matthew Van Houten, decidió no presentar cargos en 2024. Según explicó posteriormente, la información que recibió de la policía no demostraba que las relaciones sexuales hubieran ocurrido sin consentimiento.

Van Houten sostuvo que la información proporcionada a su oficina describía el consumo de drogas y alcohol y la actividad sexual como voluntarios y consensuados. El fiscal también dijo posteriormente que no había recibido la transcripción completa de la entrevista de la denunciante con la policía.

Documentos obtenidos posteriormente muestran que en una versión más extensa de la declaración de Jane Doe ante la policía ella describió el encuentro como algo que se sintió como coerción. Van Houten declaró que no había visto esa parte de la entrevista cuando tomó la decisión de 2024.

La diferencia entre la información que recibió la Fiscalía y el contenido completo de las declaraciones se convirtió en uno de los principales puntos de controversia del caso.

ABC News reportó que la oficina del fiscal no revisó material adicional recopilado por la policía universitaria más allá de un resumen de seis páginas de la declaración de la estudiante.

¿Qué hizo Cornell después de la denuncia?

Cornell inició un proceso disciplinario interno y, de acuerdo con documentos posteriores, realizó numerosas entrevistas y audiencias relacionadas con las acusaciones.

La universidad también suspendió temporalmente a la fraternidad Chi Phi y a varios de sus integrantes. El capítulo de la fraternidad permanece fuera del campus.

En enero de 2025, Cornell inició una investigación bajo el procedimiento de Title IX después de que Jane Doe presentara una denuncia formal ante la universidad.

La universidad también creó en febrero de 2025 un grupo de trabajo presidencial sobre agresiones sexuales en el campus, cuyo objetivo fue estudiar la prevención y respuesta de Cornell ante este tipo de casos.

En septiembre de 2026, después de que se conociera la demanda civil, Cornell sostuvo que había concluido su investigación del caso y que no podía divulgar públicamente todos los detalles de las sanciones individuales debido a las leyes federales de privacidad estudiantil.

¿Qué cambió en 2026?

El caso volvió a cobrar relevancia después de que Jane Doe presentara una demanda civil contra Cornell, la fraternidad Chi Phi, organizaciones vinculadas con ella y siete de sus integrantes.

La demanda, presentada en Nueva York en septiembre de 2026, acusa a los estudiantes de haber participado en la agresión y responsabiliza también a Cornell y a otras organizaciones por su actuación antes, durante y después de los hechos denunciados.

La querella solicita una indemnización económica y sostiene que la denunciante sufrió graves consecuencias emocionales y psicológicas.

La publicación de la demanda llevó a que se conocieran nuevos detalles sobre la investigación de 2024 y sobre la información que fue compartida entre la policía universitaria y la Fiscalía.

El 28 de septiembre de 2026, Van Houten anunció que había reabierto la investigación. El fiscal dijo que las nuevas acusaciones y la información que había salido a la luz justificaban volver a examinar el caso.

En su declaración, Van Houten reconoció que las víctimas de agresiones sexuales pueden necesitar tiempo para procesar lo ocurrido y señaló que los casos pueden ser reconsiderados cuando aparece evidencia adicional.

¿Quién investiga ahora el caso?

El 1 de octubre, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva para designar a la Fiscalía General de Nueva York como fiscal especial en el caso.

La decisión retiró el control de la investigación al fiscal del condado de Tompkins y puso el proceso bajo la responsabilidad de la fiscal general Letitia James.

James confirmó que su oficina revisará los hechos, reunirá pruebas y entrevistará a testigos. También dijo que conducirá el proceso conforme a los hechos y la ley.

La gobernadora Hochul justificó la decisión al señalar que la información conocida recientemente había generado dudas sobre la investigación realizada por la policía de Cornell y sobre la decisión de la Fiscalía de Tompkins County de no presentar cargos.

Por ahora, no se han presentado cargos penales contra los siete hombres señalados en la demanda. La investigación de la Fiscalía General continúa.

¿Qué dice Cornell sobre el caso?

Cornell ha rechazado la idea de que la universidad no haya sancionado a los estudiantes involucrados.

Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias, afirmó que cualquier insinuación de que la institución no impuso castigos importantes es falsa. La universidad también rechazó específicamente la versión de que los estudiantes hubieran podido resolver el caso mediante la elaboración de ensayos.

Cornell ha señalado que la información sobre las sanciones individuales está limitada por las leyes federales de privacidad estudiantil. Al mismo tiempo, confirmó que la fraternidad Chi Phi permanece fuera del campus.

El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, también anunció que la universidad no esperaría a que concluyeran las investigaciones para comenzar a tomar medidas internas.

¿Quién es Sally Yates y qué investigará en Cornell?

El 6 de octubre de 2026, Cornell anunció que Sally Yates encabezará una revisión independiente sobre la manera en que la universidad responde a las denuncias de violencia sexual.

Yates fue vicefiscal general de Estados Unidos y ocupó brevemente el cargo de fiscal general interina. Su revisión abarcará las políticas y procedimientos de Cornell para prevenir y responder a agresiones sexuales, la recepción e investigación de denuncias, el apoyo a estudiantes, los procesos disciplinarios, el papel de la policía universitaria y la coordinación con otras autoridades.

La revisión también analizará específicamente la respuesta de Cornell a las acusaciones de Jane Doe contra integrantes de Chi Phi en 2024.

La presidenta del consejo de administración de Cornell, Anne Meinig Smalling, dijo que la universidad debe examinar su actuación con el mismo rigor que exige a otras instituciones y que la revisión buscará determinar qué ocurrió en 2024 y qué cambios son necesarios para mejorar la prevención, el apoyo a denunciantes y la respuesta ante acusaciones de violencia sexual.

¿Qué se sabe de los siete estudiantes señalados?

La demanda identifica a siete antiguos integrantes de Chi Phi como presuntos participantes en la agresión: Matthew Ingalls, Jonathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar.

La acusación contra ellos proviene de la demanda civil presentada por Jane Doe. No existe una condena penal contra ninguno de los siete por estos hechos y la investigación criminal permanece abierta.

Algunos de los abogados de los señalados han rechazado las acusaciones. Otros no han hecho declaraciones públicas, de acuerdo con reportes recientes.

¿En qué punto está el caso?

El caso tiene actualmente dos investigaciones distintas.

Por un lado, la investigación penal está en manos de la Fiscalía General de Nueva York, encabezada por Letitia James como fiscal especial. Esa investigación determinará si existe evidencia suficiente para presentar cargos contra los hombres señalados.

Por otro lado, Cornell lleva a cabo una revisión independiente encabezada por Sally Yates para determinar cómo actuó la universidad ante la denuncia de 2024 y si sus procedimientos y decisiones fueron adecuados.

Además, continúa la demanda civil presentada por Jane Doe contra Cornell, Chi Phi y los siete hombres señalados.

Por ello, hasta ahora no existe una resolución judicial que determine que los siete estudiantes cometieron una violación. Lo que existe es una denuncia civil con acusaciones detalladas, una investigación penal que inicialmente fue cerrada y posteriormente reabierta, y una revisión independiente sobre la actuación de la universidad.