Conforman Tabe y diputados frente común para defender la legalidad y frenar obras irregulares
Exigirán transparencia y revisión pública de resoluciones que permiten retirar sellos de clausura a desarrollos inmobiliarios.
El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, junto con legisladores del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, anunció la creación de un frente común para defender la legalidad en materia de desarrollo urbano y fiscalizar las resoluciones que permiten el retiro de sellos de clausura en construcciones y establecimientos irregulares.
Tabe informó que la demarcación acumula más de 30 denuncias ante las autoridades competentes, principalmente por la violación o el retiro de sellos tras resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Por ello, el edil dijo que buscará dar visibilidad pública a los dictámenes judiciales para exigir absoluta transparencia a magistrados y a la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Cuando las cosas se esconden, las transas aumentan; cuando los temas se debaten públicamente, la legalidad impera. Esa es nuestra máxima y por eso estamos buscando hacer este frente común. Por eso estamos aquí y por eso, mes con mes, entregaré la información al presidente del Tribunal, sobre todo de aquellos casos críticos en los que hay que poner atención”, precisó Tabe.
Entre los predios señalados por presuntas anomalías en el uso de suelo figuran inmuebles en calles como Arquímedes, Galileo, Moliere, Bosques de Duraznos y Pinos.
Sobre este último caso, la diputada Laura Álvarez denunció un predio con giro hotelero en la colonia Bosques de las Lomas que operaba presuntamente sin la normatividad requerida y cuyos sellos fueron levantados por disposición judicial.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Diego Garrido, y la diputada América Rangel adelantaron que llevarán la problemática al Pleno del Congreso capitalino mediante puntos de acuerdo, solicitudes de comparecencia y mesas de trabajo con los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía.
Los legisladores recalcaron que la prioridad es revisar si las sentencias protegen los derechos de los vecinos o favorecen intereses privados, asegurando que cada resolución sea explicada a la ciudadanía.