Protestas y presión para adelantar las elecciones; Crisis de vivienda paraliza a España
La presión social en España por la falta de vivienda asequible escala a nivel político y abre la interrogante sobre la continuidad del actual Gobierno.
España atraviesa una de sus mayores crisis políticas y sociales de los últimos años tras el rechazo parlamentario a dos decretos sobre vivienda impulsados por el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, una derrota legislativa que desencadenó protestas multitudinarias en decenas de ciudades y elevó la presión sobre el Ejecutivo.
La tensión se acumuló durante semanas a medida que aumentaba el malestar ciudadano por el precio de los alquileres, la falta de vivienda asequible y los desalojos. Sin embargo, el detonante que convirtió el debate en una crisis nacional fue el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había vivido durante décadas en el centro de Madrid.
Las imágenes de la jubilada siendo retirada en camilla por las autoridades se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de indignación que derivó en concentraciones y acampadas en espacios públicos de Madrid y Barcelona.
Manifestaciones en más de 50 ciudades en España
Tras el desalojo, colectivos sociales y organizaciones por el derecho a la vivienda instalaron campamentos en la Puerta del Sol y en la Plaza Catalunya, reclamando medidas urgentes para frenar los desalojos y garantizar alquileres accesibles.
La movilización fue comparada por diversos sectores con el movimiento de indignados de 2011 debido a su capacidad de convocatoria y al respaldo recibido en distintas regiones del país.
Al mismo tiempo, la crisis habitacional continuó ganando espacio en el debate público. Organizaciones sociales denunciaron el incremento sostenido de los alquileres y cuestionaron la presencia de fondos de inversión en el mercado inmobiliario.
Ante la presión de las protestas, el Gobierno español aprobó el 30 de septiembre dos decretos de urgencia relacionados con vivienda.
Entre las medidas planteadas figuraban la ampliación obligatoria de contratos de alquiler, una moratoria para determinados desahucios considerados vulnerables y restricciones a la adquisición de vivienda por parte de grandes fondos de inversión.
El Ejecutivo presentó la iniciativa como una respuesta inmediata a la crisis habitacional y un intento por contener la movilización social.
El Congreso rechaza los decretos
La situación cambió de manera drástica el 2 de octubre, cuando el Congreso de los Diputados rechazó ambos decretos.
La oposición, integrada por el Partido Popular, Vox y otras fuerzas parlamentarias, votó en contra de la ratificación de las medidas, dejando sin efecto las iniciativas promovidas por el Gobierno.
La derrota parlamentaria representó un golpe político para Pedro Sánchez, ya que los decretos habían sido presentados como la principal respuesta del Ejecutivo a la crisis de vivienda.
La votación desencadenó nuevas movilizaciones. Al día siguiente, miles de personas salieron a las calles en más de medio centenar de ciudades españolas para protestar por el rechazo legislativo y exigir medidas más contundentes en materia de vivienda.
En Madrid, una multitud se concentró en las inmediaciones de la plaza de Cibeles bajo consignas relacionadas con el derecho a la vivienda y con llamados a ampliar la presión social sobre las instituciones.
En otras ciudades también se registraron movilizaciones. Algunas terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, particularmente en Valencia, donde se reportaron incidentes durante una protesta realizada cerca de un evento vinculado al sector inmobiliario.
Aprueban nuevos decretos tras adelanto de elecciones
La situación de bloqueo político precipitó la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones anticipadas para el próximo mes de noviembre, lo que generó un debate entre todas las fuerzas políticas.
Diversos colectivos responsabilizaron al Congreso por bloquear las medidas de emergencia, mientras que sectores críticos del Ejecutivo cuestionaron la capacidad del gobierno para reunir apoyos suficientes y avanzar en su agenda legislativa.
Organizaciones ciudadanas afirman que el aumento de los alquileres, la escasez de vivienda disponible y los desalojos han generado una situación que afecta a miles de familias.
Los colectivos movilizados exigen medidas estructurales para controlar los precios, ampliar el parque habitacional y reforzar la protección de los inquilinos.
Tras el rechazo parlamentario previo en el Congreso de los Diputados, el Consejo de Ministros de España ha aprobado dos nuevos decretos centrados en la crisis de la vivienda.