PVEM propone que el INEGI evalúe políticas para la niñez
Senadores del PVEM propusieron reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que el INEGI asuma las funciones de medición de pobreza y evaluación de políticas públicas para la niñez, en sustitución del extinto CONEVAL.
Las y los senadores del Partido Verde presentaron una iniciativa de reforma a los artículos 4, 130, 132 y 134 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de sustituir al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en materia de medición de la pobreza y evaluación de políticas públicas vinculadas con este sector.
La propuesta busca armonizar el marco normativo vigente tras las modificaciones impulsadas en 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley General de Desarrollo Social, mediante las cuales se extinguió el CONEVAL y se reasignaron sus atribuciones al órgano estadístico.
El proyecto, encabezado por el coordinador parlamentario Manuel Velasco Coello, señala que las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 —ratificada por México en 1990—, compromiso internacional que obliga al Estado a implementar medidas legislativas y administrativas para asegurar su protección integral. Los promoventes argumentaron que la actualización de las leyes responde a la necesidad de hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, dotar de certeza jurídica a la norma y fortalecer la capacidad institucional del país.
Con los cambios planteados, corresponderá formalmente al INEGI evaluar el impacto de los programas y acciones de desarrollo social dirigidos a la infancia y adolescencia. Asimismo, la iniciativa establece la obligación de que el Sistema Nacional de Protección Integral proporcione al instituto toda la información indispensable para efectuar dichas mediciones y dictámenes de manera periódica. Los legisladores ecologistas concluyeron que mantener una legislación precisa consolida el Estado de derecho y permite dar un seguimiento adecuado a la garantía de los derechos de la niñez en territorio nacional.