En San Lázaro van contra publicidad engañosa de “playas privadas”; en Punta Mita, Nayarit

En México la publicidad engañosa y el mal uso de playas en sitios turísticos como Punta Mita, en Nayarit, gobernada por Miguel Ángel Navarro, va al alza.  

Hoteles, desarrolladores inmobiliarios, agencias de viajes y plataformas digitales continúan ofreciendo propiedades, membresías y hospedajes bajo la promesa de contar con “playa exclusiva”, “acceso privado al mar” o “playa de uso privado”, y los operadores turísticos llegan a cobrar un sobreprecio de hasta 40 por ciento por una supuesta exclusividad que, jurídicamente no existe, alertó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

“En México, no existen las playas privadas El artículo 27 establece que las playas, en especial la Zona Federal Marítimo Terrestre, pertenecen originariamente a la nación. No son de un hotel, no son de un desarrollador, no son de una empresa extranjera; son de México y de su pueblo”, advirtió la diputada Beatriz Andrea Navarro Pérez al presentar la iniciativa ante el Pleno.

Estas falsas promesas “de playa privada” en hoteles y tiempos compartidos se han convertido también en práctica común en destinos turísticos como Tulum, en Quintana Roo; Los Cabos, en Baja California Sur y en playas de Jalisco.

Para frenar estas prácticas, la bancada guinda busca reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para dotar de herramientas a la dependencia y que se vigile de manera permanente páginas de internet, plataformas de reservaciones y redes sociales para detectar anuncios que utilicen términos como “playa privada”, “playa exclusiva” o “acceso privado”, a fin de ordenar su retiro inmediato.

También contempla que la autoridad pueda iniciar investigaciones y aplicar sanciones de oficio, sin esperar a que exista una denuncia formal de los consumidores.

“El artículo 27 establece que las playas, en especial la Zona Federal Marítimo Terrestre, pertenecen originariamente a la nación. No son de un hotel, no son de un desarrollador, no son de una empresa extranjera; son de México y de su pueblo”, además de que el artículo 11 constitucional garantiza la libertad de tránsito y “ese derecho también comprende el acceso a las playas”, señaló Navarro Pérez

La legisladora lamentó que a la fecha se multiplican los anuncios en plataformas de viajes e inmobiliarias en los que se promocionan departamentos de lujo con “playa exclusiva” frente al mar, incluso con precios de hasta cuatro millones de dólares, así como hoteles que utilizan expresiones como “playa privada” para atraer clientes.

“Esa frase, diputadas y diputados, es jurídicamente falsa”, afirmó.

Advirtió que la práctica no se limita a la publicidad de hoteles. También alcanza a tiempos compartidos, membresías y desarrollos inmobiliarios que ofrecen accesos exclusivos a zonas costeras, generando en los consumidores la percepción de que están comprando o rentando un derecho de exclusividad sobre un espacio que pertenece a la nación.

El problema, sostuvo, “es particularmente visible en Punta de Mita, Nayarit, donde vecinos, familias de pescadores y activistas ambientales han denunciado durante años” que playas históricas han sido cercadas con mallas y obstáculos, mientras algunos desarrollos se promocionan en internet como si contaran con playas privadas, bajo la complacencia del gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero.

La legisladora morenista señaló que un patrón similar se ha observado en Tulum y Los Cabos, y recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó investigar el caso de la playa San Cristóbal y ha sostenido que las playas pertenecen al pueblo y deben mantenerse abiertas al acceso público.

Navarro Pérez aseguró que este problema no es nuevo y recordó que desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se impulsaron reformas para combatir lo que entonces se denominó la “privatización silenciosa” de las costas.

Además, en octubre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 465 votos a favor, reformas encaminadas a garantizar acceso libre, gratuito y permanente a las playas, para todas las personas. Sin embargo, la minuta se encuentra atorada en el Senado. Con la propuesta de modificación al artículo 27 constitucional, se plantea que, además de sancionar y ordenar el retiro inmediato de mallas que prohíban la entrada a playas, la autoridad podrá iniciar investigaciones y aplicar sanciones de oficio, sin esperar a que exista una denuncia formal de los consumidores.

Asimismo, se propone publicar cada seis meses un listado de empresas que cumplan con las disposiciones, así como establecer coordinación entre Profeco, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo y los gobiernos estatales.

Navarro Pérez aclaró que la reforma no busca frenar la inversión turística ni el desarrollo inmobiliario en las costas.

“No se trata de estar en contra de la inversión o del turismo. Se trata de que la inversión se haga con la verdad por delante y de que ningún desarrollador, por más poderoso que sea, pueda venderle a una familia mexicana o a un visitante extranjero algo que la Constitución prohíbe”, sostuvo.

Garantizar el acceso a las playas “también representa una forma de preservar la soberanía nacional”, concluyó. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su discusión.