Vinculan a proceso a servidores públicos por enriquecimiento ilícito
En otras acciones, fueron inhabilitadas 2 personas servidoras públicas hasta por 20 años
Derivado de una investigación administrativa, consistente en la evolución y verificación del patrimonio de un servidor público la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno logró la vinculación a proceso de dos servidores públicos por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de investigaciones administrativas relacionadas con la evolución y verificación de su patrimonio.
En un primer caso, la dependencia detectó un incremento injustificable por 7 millones 268 mil 750 pesos en el patrimonio de Ramón “N”, exsubdirector adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, durante el periodo del 1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017.
Por estos hechos, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). En la que un juez de Control con sede en Ensenada resolvió vincularlo a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.
En otro caso, derivado de una investigación patrimonial a un exservidor público adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se determinó un incremento injustificable por 6 millones 500 mil 496 pesos, correspondiente al periodo del 1 de enero de 2010 al 15 de mayo de 2017.
Luego de la denuncia presentada ante la FGR, un juez de Control con sede en la Ciudad de México vinculó a proceso a Armando “N”, jefe de departamento en el IMSS, también por enriquecimiento ilícito. Como medida cautelar, se le impuso la presentación periódica ante la unidad responsable.
En otros hechos, se resalta el trabajo de la Unidad de Combate a la Impunidad que acreditó faltas administrativas graves cometidas por personas servidoras públicas del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec).
Como resultado de ello, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso inhabilitación por 10 años y sanción económica de 10 millones 909 mil 784 pesos a Hilda M., directora adjunta de Administración, así como inhabilitación por 20 años y una multa por el mismo monto a Carlos R., gerente de Consultoría de Negocio.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia conforme a la legislación aplicable, y que el proceso se conducirá con estricto apego a la ley.
Además hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cuando se es testigo de un acto de corrupción no solo es un derecho, sino también un deber cívico para proteger los recursos públicos a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas: denuncias.gob.mx