"No invertiremos en proyectos que pierdan dinero; es ilegal": Amafore
Amafore descarta pérdidas de fondos de pensiones en proyectos públicos
Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), descartó mermas financieras en las cuentas de los trabajadores ante las iniciativas para financiar obras públicas sectoriales luego de que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumpliera 29 años de operaciones en el país.
En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, el representante gremial afirmó que el marco normativo vigente impide de manera estricta la asignación de recursos administrados hacia activos que carezcan de viabilidad financiera o generen saldos negativos.
Nosotros, de acuerdo a lo que establece la ley del SAR, no podemos invertir en un proyecto que sabemos que va a perder dinero, es contrario a la ley, entonces estaríamos incumpliendo nuestro marco legal. Y por eso ahí hay que decir ante la gente que si es que se va a usar el dinero para invertir en malos proyectos, no va a suceder así, porque estaríamos actuando en contra de la ley", sentenció el directivo.
El directivo precisó que los portafolios sectoriales mantienen lineamientos técnicos específicos que condicionan la participación en obras de desarrollo, con base en esquemas internacionales aplicados por fondos globales de pensiones.
El representante sectorial indicó que las inversiones en infraestructura resultan compatibles con los objetivos de las administradoras por sus plazos extendidos y flujos previsibles, pero supeditadas de manera invariable a evaluaciones técnicas de rendimiento.
El primer punto es que los fondos de pensiones en el mundo invierten en infraestructura; entonces, que en México lo hagamos es algo natural. La segunda razón es ¿por qué se invierte en infraestructura? Porque son inversiones de largo plazo con poca fluctuación a los ciclos económicos, flujos predecibles y que dan buena rentabilidad", detalló Guillermo Zamarripa.
El titular de la Amafore especificó que las administradoras operan actualmente recursos equivalentes al 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que posiciona al sector como el segundo intermediario financiero de la economía en el país.