“Es un documento polémico, agresivo, difamatorio y falaz”, Iñaki Blanco sobre recomendación de CNDH
El exfiscal guerrerense criticó la recomendación de la CNDH entorno a la desaparición de los 43 normalistas
La recomendación y análisis emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entorno al caso Ayotzinapa, “carece de rigor técnico, jurídico y de metodología de investigación”, de acuerdo con el entonces fiscal General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera.
A doce años de los lamentables hechos de ese 26 de septiembre en Iguala, tras los cuales 46 normalistas desaparecieron, la CNDH emitió este documento considerado por el entonces fiscal como polémico, agresivo y hasta falaz.
Esta recomendación no reivindica en modo alguno a las víctimas. Se trata de un pronunciamiento fraudulento, viciado de origen y afectado de nulidad dado que cuando se acordó la reapertura del asunto a partir de una reforma al Reglamento Interno de la CNDH, no se contó con el aval del Consejo Consultivo. Es evidente que el documento carece de rigor técnico, jurídico y de metodología de investigación. Es un documento polémico, agresivo, difamatorio y falaz”.
En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Radio, el exfuncionario señaló que entre los puntos con los que no concuerda sobre la recomendación se encuentra el cuestionamiento a los informes de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ-Ayotzinapa); así como el desconocimiento de la anterior recomendación de la misma Comisión, “pretextando que avaló lo que se conoce como Verdad Histórica, lo cual es falso”.
Se alude a aspectos no probados sobre la calidad ética o moral de los expertos internacionales, y a conductas aparentemente delictivas de la CoVAJ. Hablan de una compra de testigos en el mismo tono de confrontación y descalificación; cuestionan la asistencia otorgada a las víctimas por los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que las han acompañado desde 2014”.
Asimismo, Blanco Cabrera habló sobre el tiempo que esperó la CNDH para elaborar y emitir esta nueva recomendación “asumiendo una posición más que cómoda y sencilla de criticar a partir de un análisis sesgado”.
Quiero comentar que esta institución guardó un conveniente y cómplice silencio cuando se dio la liberación de más de 80 integrantes de los Guerreros Unidos por no haberse ofrecido en tiempo y en forma los Protocolos de Estambul, esto en la época de Omar Gómez Trejo (titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa)”.
Otro punto que destacó sobre el documento fue “la exclusión del Ejército como institución en calidad de sujeto activo de delito, así como la afirmación de que no está aprobado el uso de la tortura de forma generalizada”. Esto sin considerar también las acusaciones vertidas en su contra y que parten de las declaraciones hechas por Gildardo López Astudillo, alías “el Gil”, supuesto integrante del grupo “Guerreros Unidos” y detenido por el caso en Taxco el 17 de septiembre de 2015. Cuatro años después, un juez ordenó su liberación al apuntar que no había suficientes elementos comprobatorios de los delitos imputados. Durante ese tiempo, habría sido acobijado bajo la figura de testigo protegido con el seudónimo de “Juan”.
Sin embargo, fue nuevamente aprehendido en septiembre de 2024; desde entonces, ha denunciado presuntos actos de tortura en su contra al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS” de Guanajuato.
A este testimonio le da absoluta credibilidad por cuanto hace a una supuesta colusión o contubernio de tu servidor con la delincuencia organizada, y no así por cuanto a los señalamientos que formuló contra otras autoridades o personas. Aquí se llega al extremo de decir que tu servidor le servía tanto a los Guerreros Unidos como a Los Rojos, sin tomar que en cuenta que desde muchos meses antes, se había iniciado una investigación sobre la estructura, modus operandi, y la zona de influencia de los Guerreros Unidos, en especial a José Luis Abarca (exalcalde de Iguala)”.
Asimismo, defendió su desempeño al mando de la Fiscalía de Guerrero al sostener que hubo una disminución del 48 por ciento en cuanto a secuestros en la entidad, por lo que cuestionó “¿de dónde sacan, de dónde interpretan esa supuesta o aparente contubernio?”.
Debemos realizar un análisis serio, profuso, integral y en el contexto de los hechos. No debemos olvidar que esta misma CNDH fue la que propició que un inocente, que hace una semana fue absuelto, fuera a parar a la cárcel. Me refiero a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), al que señaló como segundo disparador en el homicidio del licenciado Luis Donald Colosio”.
Además, recordó que también denunció actos de tortura contra el autor material del magnicidio, Mario Aburto Martínez, “hoy sabemos que, tanto la FGR como el Poder Judicial Federal, no encontraron elementos en uno y otro sentido”.
Me parece que cuando el Derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en perjuicio de la verdad y la justicia”.
“No encontré elementos que relacionaran a militares en los hechos”
Otro de los puntos que señala el informe de la Comisión es que no existiría la participación de elementos militares durante los fatídicos hechos del 26 de septiembre de 2014. Al respecto, el ex fiscal apuntó que él no tiene pruebas que acrediten lo contrario.
Por cuanto hace a mi tramo de responsabilidad, yo no encontré elementos, a mí no me reportaron datos que permitieran establecer una participación activa del Ejército”.
Recordó que, a partir de los hechos en Iguala, sí hubo dos momentos en los que se solicitó la presencia y auxilio de los cuerpos castrenses, pero no se tuvo respuesta positiva.
Nos fue negado en dos distintos momentos. Cuando decidimos concentrar a los policías municipales, los cuales no quiso llevar a las instalaciones de la Fiscalía dado que ahí se encontraban las víctimas directas e indirectas, así como las personas que les asistían. Por eso solicité el apoyo al entonces comandante de la región Militar para concentrar en sus instalaciones a estos elementos”.
El segundo momento fue cuando se identificaron a los policías municipales de Iguala que pudieron participar en los hechos, “los líderes de Guerreros Unidos, los hermanos Casarrubias Salgado, dan instrucciones a Gildardo López Astullido a efecto de que organice una manifestación de apoyo para que se libere a estos policías”.
Yo no encontré esos elementos y desconozco si posteriormente existieron o no. Sabemos que hay varios elementos castrenses a la fecha sujetos a proceso, pero también desconozco con qué datos de prueba fue que los imputaron, si fue a partir del testimonio de Gildardo López”.
Iñaki Blanco Cabrera consideró que, frente a este escenario, se deberían retomar las bases de investigación de la entonces Procuraduría de Guerrero, quien acusó y responsabilizó a los Guerreros Unidos de la desaparición de los normalistas. Posteriormente, se deberán integrar -tras “un análisis serio, profuso, integral, objetivo y en contexto”- todos los informes del GIEI y de CoVAJ.