Baja penalidad en delitos ambientales fomenta la operación de la delincuencia organizada

La degradación de los ecosistemas en el territorio mexicano representa una pérdida equivalente a casi el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, además de la desaparición de fuentes de abastecimiento de agua y el surgimiento de afectaciones en la salud pública.

José Alberto Coutolenc Buentello, secretario general del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México y secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, explicó en entrevista con Francisco Zea para Imagen Radio las causas del deterioro ecológico y el funcionamiento del marco normativo penal frente a las infracciones ambientales:

Coutolenc Buentello dijo que la pérdida de recursos naturales responde al deterioro del suelo, la acumulación de residuos sólidos urbanos y la generación de emisiones contaminantes en el aire. El impacto económico de estas actividades se calcula en 1.3 billones de pesos anuales.

A nivel de biodiversidad, el secretario general del PVEM en el Estado de México, indicó que país registra la desaparición del 50% de los ecosistemas naturales, y detalló las afectaciones directas sobre la población humana:

"Una quinta parte de los acuíferos de nuestro país ya no existen y luego nos preguntamos por qué en el oriente del estado no tenemos agua en las casas. Otro ejemplo en el río Lerma: los

José Alberto Coutolenc señaló que el marco legal federal vigente establece penas de 1 a 9 años de prisión para quienes cometen delitos contra el medio ambiente. Esta escala de sanciones permite la libertad bajo fianza y facilita que las agrupaciones dedicadas a la explotación forestal irregular asuman las multas como un costo operativo de su actividad, señaló el especialista.

El dirigente político señaló que en el Estado de México la legislación local modificó los rangos penales para elevar la prisión hasta 20 años en delitos generales contra la naturaleza y hasta 25 años cuando la causa sea la tala ilegal; además expuso la vinculación entre este delito y el crimen organizado:

"No estamos hablando nada más de delincuentes comunes, sino que son verdaderas organizaciones criminales. Esto es delincuencia organizada. La tala clandestina tiene que ver con el crimen organizado, están degradando áreas naturales protegidas".

¿Qué significa un modelo de incentivos y sanciones punitivas?

La contención del deterioro de los bosques requiere una estrategia mixta. Por un lado, se busca la aplicación de incentivos económicos como los pagos por servicios ambientales dirigidos a las comunidades que resguardan las zonas arboladas.

Por otro lado, el esquema contempla elevar las sanciones penales y económicas a nivel federal para inhabilitar el beneficio financiero de la explotación ilegal, junto con esquemas de transformación de residuos en energía y programas de reforestación masiva. El vocero del PVEM agregó:

"Hay mecanismos de reparación del daño, pero lo que queremos es irla poco a poco incrementando para que no pase que lo toman como parte del costo: me va a salir mejor talar los árboles y lo toman como parte del costo. Si nosotros seguimos elevando estas penas, ya no les va a salir el negocio".

Actualmente la propuesta para modificar las penas a nivel federal se encuentra en discusión en el Senado de la República.