Expertos respaldan financiamiento a CFE enfocado en transición energética
Elena Ocampo, Experta en energía subraya que la CFE obtuvo una línea de crédito de hasta 500 millones de dólares otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Elena Ocampo, Experta en Energía de la firma Santa Marina y Steta, descartó en entrevista una apertura total para la industria privada en el sector eléctrico tras el anuncio de financiamiento internacional y proyectos de generación limpia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La especialista detalló que los esquemas de inversión mixta y las operaciones de los productores independientes se mantendrán subordinados a las directrices de control público fijadas por la administración federal.
El gobierno se rige por esta línea de prevalencia por parte del Estado. A pesar de que vemos una participación e inclusión de la industria privada, no podemos olvidar de dónde viene la política energética del país para hacer valer ciertas cuestiones desde el punto de vista constitucional", sentenció la entrevistada.
La analista explicó que las empresas particulares que operan bajo la figura de Productores Independientes de Energía (IPPs) enfrentan un entorno regulatorio restrictivo que limita las modificaciones en sus esquemas de comercialización. La Comisión Federal de Electricidad mantiene la exclusividad en la adquisición de la energía disponible para el suministro nacional.
Las convocatorias vigentes emitidas por la autoridad administrativa para proyectos de infraestructura eléctrica están diseñadas bajo el esquema de desarrollo mixto, lo que sujeta las inversiones privadas a las metas de planeación del organismo público.
La obtención de la línea de crédito por 500 millones de dólares otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) financiará la construcción de centrales de ciclo combinado y combustión interna de alta eficiencia.
El financiamiento coincide con la meta de incorporar 32,000 megavatios a la red nacional, donde el organismo estatal coordinará la instalación del 70 por ciento de la capacidad mediante tecnologías renovables, sin flexibilizar los lineamientos de propiedad y despacho vigentes en la legislación ordinaria.