CNDH reclasifica a 40 normalistas de Ayotzinapa como simples desaparecidos
Fabiola Guarneros analiza la polémica recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa, el blindaje al Ejército y la reclasificación de las víctimas.
Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excélsior, denuncia que la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa exime al Ejército Mexicano de cualquier participación en los hechos ocurridos en 2014.
En entrevista para ¡Qué Tal Fernanda! con Fernanda Familiar, la periodista detalla que el documento de 867 páginas marca una línea divisoria al desvincular a las fuerzas castrenses de la desaparición de los estudiantes de la normal de Raúl Isidro Burgos, pese a la documentación previa sobre su conocimiento de la situación desde el primer momento.
La recomendación que hace excluye totalmente al ejército de la participación de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Lo que sí se señala claramente es que el ejército estuvo informado desde el minuto uno".
La subdirectora editorial señala que el cambio de narrativa en la CNDH ha generado inconformidad entre las organizaciones de derechos humanos y los familiares de los 43 estudiantes, al considerar que la institución busca blindar a la institución militar de las investigaciones que señalan omisiones y participación directa.
El cambio que ha causado mucha desconfianza e inconformidad de las organizaciones de derechos humanos y los familiares, es justamente el que excluye y blinda al ejército de la participación de los hechos".
Reclasificación jurídica: desaparición frente a ejecución
El informe de la CNDH introduce una modificación técnica en la tipificación de las víctimas que, a juicio de Guarneros, altera las consecuencias legales y la posibilidad de sanción como crimen de Estado. La reclasificación divide a los estudiantes en dos grupos, una distinción que las organizaciones defensoras cuestionan por su trasfondo jurídico.
40 estudiantes quedan tipificados bajo el estatus de desaparecidos y tres como víctimas de ejecución extrajudicial. Para las autoridades y para la CNDH, solo tres fueron asesinados, los otros 40 están en estatus de desaparecidos. Al catalogarlos como desaparecidos, la ley no entra en vigor; no es un crimen de Estado".
Guarneros puntualiza que esta distinción implica que el caso no sea investigado bajo las figuras de homicidio o ejecución, sino como personas no localizadas, lo cual, según la periodista, constituye una maniobra que evade la responsabilidad institucional acumulada desde el inicio de las investigaciones hace más de una década.
El informe excluye la responsabilidad del ejército y las fuerzas armadas. Se habían nombrado más de 90 personas del ejército involucradas. Hoy la CNDH dice que no participó ninguno de ellos".
Descalificación de narrativas y contexto institucional
La periodista sostiene que el documento de la CNDH descalifica las distintas versiones expresadas por los familiares a lo largo de los años, impulsando una interpretación que ella denomina como "verdad soberana y nacional". Esta postura, advierte, fractura la lucha social y las estrategias legales de los representantes de las víctimas.
La CNDH sostiene que algunas narrativas impulsadas durante las investigaciones contribuyeron a retrasar el esclarecimiento del caso y plantea fortalecer una atención nacional y soberana para avanzar. Está descalificando las diversas voces de los familiares".
Finalmente, Guarneros afirma que el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos bajo la gestión actual responde a intereses políticos específicos. La entrevistada concluye que, ante la inacción de gobiernos anteriores y el giro de la actual administración, la CNDH perdió su autonomía en la defensa de los derechos de los ciudadanos.