El caso CIA perfila a Maru Campos como la carta fuerte de la oposición
Lo que el oficialismo parece haber diseñado como un cerco judicial para desgastar a la gobernadora de Chihuahua podría convertirse en su mejor trampolín político
La relación entre el Gobierno federal y la panista Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, está en una fase de máxima tensión judicial.
Lo que inició como un exitoso golpe al narcotráfico en la Sierra Tarahumara se convirtió en un ajedrez político que involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía de la Ciudad de México, a agencias de inteligencia de Estados Unidos y, de manera sorpresiva, la próxima sucesión presidencial en México.
El detonante: un narcolaboratorio y la CIA
El origen de esta crisis política ocurrió en territorio chihuahuense, donde un operativo estatal logró ubicar el laboratorio de producción de drogas sintéticas y fentanilo más grande en la historia del país.
Sin embargo, el foco de la discusión pública dio un giro radical cuando se reveló que durante las acciones en la Sierra Tarahumara estuvieron presentes dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos.
El hallazgo abrió un fuerte debate sobre la soberanía y la presunta injerencia de agencias extranjeras en tareas de seguridad interna, una discusión que analistas consideran contradictoria cuando las propias redes del narcotráfico operan de forma transnacional.
El frente legal de la FGR
Como consecuencia de la presencia de los agentes estadunidenses, la FGR citó a declarar a la gobernadora de Chihuahua en calidad de testigo.
La mandataria acudió a entregar un escrito en el que objetó la naturaleza del citatorio debido a diversas irregularidades técnicas, entre ellas, que ella tiene fuero estatal.
Su asesor jurídico, el abogado Roberto Gil Zuarth, denunció que el proceso padece de un uso faccioso institucional que busca intimidar a la oposición. Primero, acusó ambigüedad jurídica: ya que el citatorio convocó a la gobernadora como testigo, pero con la imprecisión y la amenaza velada de cambiar su estatus al de inculpada. También señaló la inutilidad procesal, pues al no haber estado presente físicamente en el operativo, el testimonio directo de Campos no es pertinente ni útil para la carpeta de investigación.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, también evidenció que hubo una vía institucional ignorada, ya que el gobierno de Chihuahua ya había entregado un reporte oficial detallado al Consejo de Seguridad Nacional días después del evento.
Si la FGR requería más información, consideró, el canal legal correcto era un requerimiento formal entre instituciones y no un hostigamiento procesal que ignora el fuero constitucional de la mandataria.
“Lo que hacen es utilizar facciosamente a las instituciones de procuración de justicia y crear este hostigamiento procesal. No tenían que citarla como testigo con la amenaza de convertirla en imputada si tienen un arsenal, en el sentido jurídico, de facultades para requerir información”, sostuvo.
Se revive el caso de Javier Corral
De forma paralela al caso de los laboratorios, se activó un segundo frente judicial en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) programó una audiencia para este viernes a las 10:00 horas, relacionada con una denuncia interpuesta en 2024 por el exgobernador y actual senador morenista, Javier Corral Jurado, quien acusa a Maru Campos del delito de intento de secuestro.
El equipo legal de la gobernadora califica este movimiento como parte de una estrategia sistemática de acoso penal.
A decir de Gil Zuarth, esa carpeta de investigación ya había sido evaluada y archivada formalmente por la propia Fiscalía de la CDMX al decretar el no ejercicio de la acción penal por no encontrar elementos delictivos.
Corral interpuso la denuncia luego de evadir una orden de aprehensión en su contra en el restaurante Gin Gin de la CDMX, donde fue auxiliado por altos funcionarios capitalinos para no ser detenido por las autoridades de Chihuahua.
La defensa de Campos cuestiona que se pretenda juzgar por secuestro a una autoridad que intentaba ejecutar una orden de captura legal mediante un oficio de colaboración institucional.
Gil Zuarth denunció que el funcionario que operó como vocero y auxilió a Javier Corral a evadir la justicia en el pasado es, de manera coincidente, el mismo personaje que hoy funge como único vocero de la FGR en torno al caso del narcolaboratorio y los agentes de la CIA: Ulises Lara.
Chihuahua vs. Sinaloa
Para los especialistas y la defensa de la gobernadora, el despliegue del aparato judicial contra Chihuahua busca crear un contexto de miedo para que la oposición no cuestione las acciones del gobierno federal.
El caso surge de manera simultánea con la crisis política en Sinaloa, evidenciando un marcado contraste en el trato institucional cuando hay diez funcionarios y exfuncionarios de esa entidad federativa acusados en una corte de Estados Unidos de ser parte de un entramado para colaborar con Los Chapitos dentro del Cártel de Sinaloa.
La paradoja rumbo a 2030
Más allá de las fronteras de Chihuahua, analistas afirman que el manejo de este caso envía señales alarmantes hacia el exterior que impactarán directamente la relación bilateral con Estados Unidos y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, señala que para Washington la seguridad, la migración y el comercio forman parte de una misma agenda estratégica.
El endurecimiento del tono mexicano frente a la cooperación internacional ocurre mientras países vecinos como Guatemala estrechan lazos con EU para frenar la expansión de los cárteles en la frontera sur.
“¿Qué más injerencia extranjera que colombianos exportadores de cocaína, dándole cocaína a traficantes de Sinaloa?”, cuestionó en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, al referirse a las redes transnacionales del crimen organizado.
La desconfianza generada, dice, podría ahuyentar las inversiones norteamericanas que exigen condiciones estrictas de seguridad interna.
El efecto desafuero
Sin embargo, en el terreno de la política interna, la estrategia del oficialismo contra la mandataria chihuahuense podría terminar provocando el efecto contrario al deseado.
Benítez Manaut compara la presión judicial contra Maru Campos con el histórico desafuero promovido contra Andrés Manuel López Obrador en el año 2005.
Al concentrar de forma ciega el aparato del Estado en su contra tras haber destruido el complejo de drogas sintéticas más grande del país, el gobierno federal corre el riesgo de "inflar" políticamente a la gobernadora.
Este asedio no hace más que consolidar a Maru Campos como la líder nacional de la lucha contra el narcotráfico, catapultándola de forma directa como una figura nacional y la candidata natural de unidad para la oposición rumbo a la presidencia en 2030.