Con el respaldo de la Guardia Nacional, la Profepa y Conanp desplegaron acciones en 25 estados del país
El operativo realizado en distintas entidades permitió asegurar madera, carbón vegetal, maquinaria y ejemplares de flora protegida
Los resultados del segundo operativo nacional de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas confirmaron la efectividad de la colaboración entre las fuerzas de seguridad y las dependencias ambientales para combatir los delitos ecológicos en el territorio mexicano.
Las acciones, coordinadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), se desplegaron en 25 entidades federativas del país con el respaldo activo de los elementos de la Guardia Nacional.
Este despliegue institucional se fundamenta en el marco legal vigente, luego de que el Congreso de la Unión aprobó en diciembre pasado una reforma promovida por el Partido Verde Ecologista de México. Dicha modificación legislativa faculta de manera formal a las autoridades ambientales para requerir el apoyo directo de la Guardia Nacional en tareas de inspección, control y salvaguarda de los recursos naturales, optimizando con ello la respuesta del Estado frente a la delincuencia ambiental que daña los ecosistemas.
"La coordinación entre las instituciones ambientales y las corporaciones de seguridad fortalecen la capacidad del Estado para proteger las Áreas Naturales Protegidas", destacó la dirigencia del Partido Verde, al tiempo que insistió en la necesidad de consolidar la aplicación de la reforma aprobada en diciembre pasado para garantizar la preservación del patrimonio natural del país.
Los datos duros derivados de esta última movilización conjunta reflejan la contundencia de la estrategia. De acuerdo con los balances oficiales, el operativo concluyó con la clausura de 33 actividades de carácter ilegal. Asimismo, las autoridades lograron el aseguramiento de cargamentos de madera, carbón vegetal, maquinaria pesada y diversos ejemplares de flora bajo régimen de protección especial, sumado al desmantelamiento de múltiples hornos clandestinos destinados a la producción de carbón.