Denuncian "consigna y prisa exorbitante" en la inhabilitación del juez Sergio Alberto Sigales
Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido se convirtió en el primer juzgador suspendido por el nuevo tribunal de disciplina judicial que se creó con motivo de la reforma judicial. Ante este contexto, su defensa puso en duda que se haya llevado a cabo el debido proceso y acusó una suerte de "prisa exorbitante".
El juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, primer juzgador suspendido por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tras la reforma al sector, confirmó que ha sido destituido de su cargo e inhabilitado por un año para ejercer en el servicio público. La resolución, derivada de fallos emitidos en 2022 donde redujo penas en procedimientos abreviados, fue calificada por su defensa como un proceso impulsado por presiones políticas tras señalamientos desde el Ejecutivo federal y autoridades del estado de Colima.
En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, explicó que la sanción administrativa tiene su origen en cuatro causas penales instruidas en Colima por delitos federales, relacionados con posesión de armas de uso exclusivo y comercio de narcóticos. Sigales Obrador Garrido explicó que su actuar se apegó al artículo 21 constitucional, aplicando el principio pro persona y estándares internacionales de derechos humanos.
La reducción de penas es una facultad en la propuesta del Ministerio Público, sin embargo, la imposición como está en la Constitución corresponde exclusivamente a los jueces, artículo 21. El Ministerio Público se inconformó porque yo hice la reducción en esas cuatro causas a tres años, cuatro meses [...], primodelincuentes en todos los casos tienen derecho a la condena condicional y a la libertad en consecuencia”.
Sigales puntualizó que en su trayectoria resolvió 240 procedimientos abreviados y solo en nueve modificó la pena propuesta, obteniendo el respaldo de órganos superiores en cinco de ellos. Sin embargo, su criterio de inaplicar la prisión preventiva oficiosa derivó en inconformidades interpuestas por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la gobernadora de Colima.
Por su parte, el abogado defensor Arturo Guerrero Zazueta denunció irregularidades en la actuación del Tribunal de Disciplina Judicial, argumentando que se actuó con prisa inusual luego de que la presidencia de la República enviara un oficio solicitando la intervención en el caso.
Todo este caos arranca a partir de que la presidenta de la República le manda una carta al Tribunal de Disciplina [...], crea comisiones en menos de 24 horas y decide que el primer asunto de relevancia nacional eran estos procedimientos resueltos en 2022. Aparentemente había una prisa exorbitante".
Guerrero Zazueta detalló además la gravedad de los efectos inmediatos de la sanción recaída sobre el juzgador:
El hecho de que lo hayan sancionado implica su destitución: deja de ser juez inmediatamente, deja de percibir todas las prestaciones, la indemnización constitucional y la pensión complementaria. La inhabilitación implica que no puede desempeñar ningún cargo público ni en el Poder Judicial ni en ningún lado durante un año".
En este contexto, la defensa aseguró que interpondrá un recurso de revisión dentro del plazo legal de 15 días hábiles, el cual deberá ser resuelto por el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial en un periodo máximo de 60 días.