Todo lo que sabemos del caso de desahucio en Madrid
El caso se encontraba desde hace años en los tribunales. Según el Sindicato de Inquilinas, una resolución del Tribunal Supremo favorable a la empresa propietaria permitió continuar con el procedimiento de desahucio.
El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada este miércoles de la vivienda donde vivió durante más de siete décadas, provocó protestas, un fuerte despliegue policial y una nueva discusión sobre el acceso a la vivienda en España.
¿Quién es Maricarmen?
Maricarmen es una mujer de 87 años que vivió durante aproximadamente 70 años en un departamento del distrito de Retiro, en Madrid.
De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, durante décadas pagó su alquiler y permaneció en la vivienda hasta que el inmueble fue adquirido por una empresa inmobiliaria.
La organización señala que, después de la adquisición, la renta mensual aumentó 275%, hasta llegar a 2 mil 650 euros.
La disputa por el inmueble derivó en un proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo.¿P
or qué fue desalojada?
El caso se encontraba desde hace años en los tribunales. Según el Sindicato de Inquilinas, una resolución del Tribunal Supremo favorable a la empresa propietaria permitió continuar con el procedimiento de desahucio.
El lanzamiento ya había sido intentado en ocasiones anteriores. El de este miércoles fue el cuarto intento.
El material disponible no permite establecer por sí solo todos los detalles del contrato, la identidad de la empresa propietaria ni las condiciones exactas bajo las cuales se produjo el incremento de la renta, por lo que esos aspectos requieren documentación adicional.
¿Qué pasó durante el desahucio?
Desde la noche anterior, cientos de personas se concentraron frente al edificio para intentar impedir el desalojo.
El Sindicato de Inquilinas hizo un llamado a bloquear el acceso de la comisión judicial. Durante la mañana, agentes de la Policía comenzaron a despejar los accesos al inmueble.
La organización reportó momentos de tensión y empujones y aseguró que activistas y periodistas fueron golpeados.
Finalmente, la comisión judicial ingresó a la vivienda y ejecutó el desahucio.
Maricarmen fue trasladada en camilla por personal sanitario hasta una ambulancia. La mujer necesita silla de ruedas.
Mientras era retirada del inmueble, los manifestantes gritaban: “¡Maricarmen, no estás sola!”
.¿Qué pasó después?
El caso provocó movilizaciones en distintas ciudades españolas.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas convocó concentraciones en Madrid, Barcelona, Cádiz, Guadalajara, Málaga, Palma, Sevilla, Toledo y Valencia, entre otras ciudades.
Las organizaciones de inquilinos consideran que el caso evidencia las dificultades que enfrentan personas vulnerables ante los procesos de desahucio.
Amnistía Internacional España también se pronunció y señaló que el caso debe analizarse dentro de una problemática más amplia relacionada con el derecho a la vivienda.
¿Qué dijo Maricarmen?
Antes del desalojo, Maricarmen habló con RTVE sobre los años que llevaba enfrentando el proceso.
La mujer describió la incertidumbre que vivió durante el litigio y cuestionó a las autoridades y a la empresa propietaria.
También criticó la transformación de Madrid y el impacto del turismo en la ciudad.
“Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid”, declaró.
¿Qué dice el Gobierno español?
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió las gestiones realizadas por el Gobierno para intentar evitar el desalojo.
La funcionaria aseguró que el Ejecutivo respaldó una resolución de Naciones Unidas que pedía suspender cautelarmente el lanzamiento y que también intentó mediar con la empresa propietaria.
Rodríguez afirmó que se planteó incluso la posibilidad de adquirir la vivienda y compensar las rentas para encontrar una solución.
La ministra responsabilizó políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus posiciones respecto a la regulación del mercado de vivienda.
Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, habían participado un día antes en un salón inmobiliario celebrado en la capital.
¿Qué pide Sumar?
El caso también provocó reclamos dentro del Gobierno de coalición.
Sumar pidió aprobar un nuevo decreto de vivienda y recuperar medidas de protección para personas vulnerables ante los desahucios.
El diputado Alberto Ibáñez llegó a plantear que el Gobierno estudie la expropiación de la vivienda para que Maricarmen pueda regresar.
Otros integrantes de Sumar también reclamaron al Ejecutivo que adopte medidas para impedir que se repitan casos similares.
¿Qué ocurre con la moratoria antidesahucios?
Uno de los puntos centrales de la discusión política es la llamada moratoria antidesahucios.
El Gobierno sostiene que ha presentado en varias ocasiones medidas para ampliar la protección de personas vulnerables.
La ministra Isabel Rodríguez pidió al PP y a Junts apoyar una nueva propuesta.
Por su parte, representantes de Sumar y Más Madrid reclamaron que el decreto sea llevado al Consejo de Ministros.
El debate tiene como antecedente una votación parlamentaria en la que PP, Junts y Vox rechazaron un decreto que contemplaba, entre otras medidas señaladas por sus promotores, la prórroga de determinados contratos de alquiler y límites a determinadas subidas de renta.
¿Qué puede pasar ahora?
El desahucio ya fue ejecutado, por lo que el debate se concentra ahora en dos frentes.
El primero es la situación de Maricarmen y las alternativas habitacionales que pueda tener después de abandonar la vivienda.
El segundo es la discusión política sobre las medidas que podrían adoptarse para proteger a personas vulnerables frente a futuros desahucios.
El Sindicato de Inquilinas ha anunciado nuevas movilizaciones y exige al Gobierno avanzar con las medidas de vivienda que están en discusión.
Una donante anónima también se ofreció a completar la renta de Maricarmen para que pudiera permanecer en su antigua vivienda, aunque esa propuesta se produjo cuando el procedimiento judicial ya había avanzado hasta la ejecución del desalojo.
Por ahora, el caso de Maricarmen continúa siendo el centro de una disputa que involucra a organizaciones de inquilinos, autoridades locales y nacionales, partidos políticos y al sistema judicial español.
La imagen de la mujer de 87 años saliendo en camilla de la vivienda donde pasó más de 70 años ha convertido el caso en uno de los episodios más visibles del actual debate sobre vivienda en España.