EU acusa a 21 integrantes de La Nueva Familia Michoacana por narcotráfico y terrorismo
Entre los acusados figuran los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, señalados como líderes de la organización criminal. Siete enfrentan cargos relacionados con apoyo material al terrorismo.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes 20 de noviembre una acusación federal contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana, incluidos sus principales líderes, por delitos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, tráfico de armas, lavado de dinero y apoyo material al terrorismo.
La acusación, presentada ante un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas, incluye a Johnny Hurtado Olascoaga, alias El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como El Fresa, identificados por las autoridades estadunidenses como dirigentes de la organización criminal.
El expediente contiene 14 cargos federales y forma parte de una investigación sobre las operaciones del grupo, que, según la Fiscalía, se remontan a enero de 2006.
De los 21 acusados, siete enfrentan un cargo por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, entre ellos los hermanos Hurtado Olascoaga.
La Nueva Familia Michoacana fue designada como organización terrorista extranjera por el gobierno estadunidense el 20 de febrero de 2025, junto con otros cárteles mexicanos.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados habrían participado en operaciones de tráfico de cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, además de adquirir y trasladar armas desde territorio estadunidense hacia México.
La Fiscalía también atribuye a integrantes de la organización actividades de extorsión, lavado de dinero y tráfico de migrantes. Uno de los cargos está relacionado con una operación de contrabando de personas que terminó con la muerte de una menor en marzo de 2021.
EU busca a 16 acusados que permanecen prófugos
El Departamento de Justicia informó que cinco de los 21 acusados se encuentran bajo custodia federal, mientras que los otros 16 permanecen prófugos y podrían encontrarse en territorio mexicano.
Los delitos contemplados en la acusación pueden implicar penas de entre diez años y cadena perpetua, dependiendo de los cargos y las circunstancias de cada acusado, así como multas de hasta diez millones de dólares.
La investigación fue desarrollada por autoridades federales estadunidenses como parte de los esfuerzos contra organizaciones criminales transnacionales.
Los cargos constituyen acusaciones de la Fiscalía y no una declaración de culpabilidad. Los imputados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.