¿Qué datos tuyos pueden guardar las telefónicas y cuándo los ve la autoridad? Conoce el fallo de la SCJN

En medio de una acalorada discusión entre ministros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el martes 17 de noviembre de 2026 las reformas a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Al resolver el amparo en revisión 193/2026, la SCJN validó fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (publicada en el DOF el 16 de julio de 2025).
Al resolver el amparo en revisión 193/2026, la SCJN validó fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (publicada en el DOF el 16 de julio de 2025).Especial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes 17 de noviembre de 2026 un debate en materia de privacidad digital y seguridad pública: el alcance que tienen las empresas de telefonía y las autoridades de procuración de justicia sobre los datos de los usuarios de celulares.

Tras analizar el amparo en revisión 193/2026, promovido por una ciudadana que impugnó la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2025, el Pleno validó diversas fracciones del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aunque acotó su interpretación bajo candados constitucionales.

¿Qué aprobó exactamente la Suprema Corte?

El Máximo Tribunal declaró constitucional que los concesionarios y empresas autorizadas de telecomunicaciones cumplan con cuatro obligaciones principales cuando lo requiera la ley:

  • Conservar datos de los usuarios hasta por dos años.
  • Entregar esa información a instancias de seguridad y procuración de justicia.
  • Permitir la geolocalización en tiempo real de equipos terminales (teléfonos móviles).
  • Realizar el bloqueo de señales de telecomunicaciones.

La quejosa argumentaba que estas disposiciones vulneraban sus derechos a la privacidad y a la protección de datos personales; sin embargo, la Corte concluyó que la norma persigue un fin constitucionalmente válido —la seguridad pública y la investigación de delitos— y regula directamente la actividad de las empresas concesionarias, no a los usuarios.

¿Pueden las telefónicas o autoridades grabar tus llamadas o leer tus mensajes?

No. En su resolución y en el comunicado oficial tras la sesión, la SCJN subrayó que la obligación de conservar información no implica almacenar el contenido de las comunicaciones privadas (es decir, lo que se habla en una llamada o se escribe en un mensaje).

Lo que las empresas guardan por un plazo máximo de dos años son datos vinculados con la prestación del servicio: metadata, registros de llamadas (números involucrados, fecha, hora y duración) y datos de ubicación.

¿Cuándo pueden las autoridades pedir tus datos y qué pasa en emergencias?

La reforma validada establece que las empresas proveedoras deben entregar la información conservada a las instancias de seguridad y procuración de justicia cuando sea requerida, contemplando la entrega sin orden judicial únicamente en casos de emergencia en los que la vida de una persona esté en peligro.

Para el resto de las investigaciones, la Suprema Corte precisó que la entrega de datos debe interpretarse estrictamente conforme al artículo 16 de la Constitución y al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP). Esto significa que las autoridades necesitan una autorización judicial federal fundada y motivada, en la que se identifique con claridad:

  • A las personas cuyos datos se solicitan.
  • El periodo específico que abarcará la revisión.
  • Las razones jurídicas que justifican la entrega de la información.
¿Cómo funciona la geolocalización en tiempo real?

La Corte reiteró su criterio de que la geolocalización en tiempo real es distinta a una intervención de comunicaciones privadas, ya que únicamente permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo móvil, sin acceder al contenido ni a los datos derivados de una conversación.

No obstante, el Pleno puntualizó que esta herramienta también debe sujetarse al control judicial: debe provenir de una autoridad legalmente competente, constar en un mandamiento escrito que explique su fundamento y motivos, y apegarse a los términos previstos en las leyes.

¿Por qué hubo una fuerte discusión entre ministros?

Aunque hubo consenso en validar la ley, la sesión estuvo marcada por un enfrentamiento verbal entre la ministra ponente, María Estela Ríos González, y el ministro presidente, Hugo Aguilar, a raíz de cómo debía redactarse el límite de la autorización judicial.

En su proyecto original, Ríos González planteó que el acceso a la geolocalización en tiempo real debía ajustarse al artículo 16 constitucional “y en los términos que establezcan las leyes”. Varios ministros pidieron precisar la referencia directa a la autorización judicial establecida en la legislación penal, en lugar de dejarla abierta.

La petición provocó el reclamo de la ministra ponente, quien consideró que se intentaba imponer un método de redacción sobre su proyecto: “Yo sí pido, y lo pido como ministra, que se respete mi decisión, porque lo otro es no respetar mi manera de hacer las cosas”, expresó en el Pleno, advirtiendo que no se le podía obligar a modificar el texto si se llegaba a la misma conclusión jurídica.

El ministro presidente Hugo Aguilar respondió que no se trataba de una falta de respeto, sino de reflejar el criterio de la mayoría en la sentencia definitiva: “La mayoría tiene un criterio y lo que estamos buscando es que el proyecto tenga el criterio de la mayoría, y si uno sostiene su criterio hace voto concurrente o voto particular, y es con el mayor de los respetos”. Tras el intercambio, en el que Ríos González insistió en que se pretendía imponer un método interpretativo en contra de sus posturas, el proyecto quedó aprobado con las precisiones de control judicial establecidas por el Pleno.

mgid