Falsifican firma de Raquel Buenrostro para extorsionar a proveedores del Gobierno federal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) al descubrir una red delictiva dedicada a defraudar a empresarios. Conforme al reporte de la propia autoridad, personas ajenas a la institución utilizaron papelería institucional y "una firma apócrifa de Raquel Buenrostro para simular investigaciones y solicitar dinero a empresarios" bajo supuestas irregularidades administrativas.

El esquema de coacción operaba mediante oficios fabricados para intimidar a contratistas del sector público. De acuerdo con las indagatorias y lo reportado por Agencia Reforma, los responsables elaboraron escritos con sellos oficiales con el fin de "hacer creer a los destinatarios que existían investigaciones en su contra por posibles irregularidades", infundiendo temor para luego exigir compensaciones económicas ilegales.

En la trama de corrupción también fue involucrado indebidamente personal ministerial. En los textos falsos figuraba el nombre de Ulises Lara López, quien fungía como fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; bajo este montaje, "los presuntos extorsionadores aseguraban que podían intervenir ante él para frenar los procedimientos y, posteriormente, contactaban a los proveedores para pedirles dinero a cambio de detener las supuestas indagatorias".

Las acciones legales quedaron formalizadas a nivel federal para castigar a los implicados. La querella fue interpuesta el 6 de agosto de 2026 por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad, quedando radicada de manera oficial en "el expediente quedó registrado con la clave FED/CDMX SZS/0003777/2026" ante el Ministerio Público de la Federación.

La alerta se encendió a finales de julio tras una denuncia ciudadana. El caso cobró relevancia cuando el 29 de julio llegó información anónima respecto a un oficio atribuido a la titular federal; al revisarlo, Buenrostro desconoció de inmediato el documento y "negó haberlo elaborado o firmado, por lo que se inició la revisión de los documentos y se presentó la denuncia correspondiente ante la FGR".

Entre las evidencias presentadas se encuentra un requerimiento apócrifo con fecha del 4 de junio de 2026. Dicho documento contenía presuntas directrices para auditar a compañías específicas del padrón federal; no obstante, el organismo federal subrayó que "esos documentos no habían sido emitidos por sus áreas ni tenían validez oficial", confirmando la falsificación sistemática de sellos de gobierno.

Ante la gravedad del fraude, la dependencia federal emitió un llamado urgente a la iniciativa privada para evitar engaños. Mediante sus canales institucionales, la secretaría solicitó verificar cualquier notificación dudosa y enfatizó de forma categórica que "ningún procedimiento administrativo puede detenerse mediante depósitos, transferencias o pagos a terceros".

El Ministerio Público Federal mantiene abierta la carpeta de investigación para rastrear el origen de las filtraciones y ubicar a los responsables materiales del ilícito. La FGR tiene como tarea prioritaria indagar el origen de los datos confidenciales de las empresas afectadas, mientras el informe ministerial advierte que "hasta ahora, la información disponible no identifica a los presuntos responsables".