Internet MX advierte exclusión de plataformas digitales en regulación
En México los menos pasan entre 4 y 8 horas diarias en dispositivos inteligentes con acceso a internet, muchas veces sin supervisión

Lina Rodríguez, presidenta del comité directivo de la "Asociación de Internet MX", advirtió que la estrategia gubernamental para proteger a menores de contenidos violentos deja fuera a plataformas digitales de amplio uso, tras el plazo de 30 días fijado a las redes sociales.
La directiva señaló que la convocatoria del gobierno federal únicamente incluyó a firmas específicas del sector, dejando fuera del monitoreo de seguridad a un espectro amplio de entornos digitales donde interactúan niños y adolescentes.
En entrevista con Darío Celis para Imagen Radio, Rodríguez explicó los alcances de los compromisos requeridos a las plataformas y la viabilidad del cumplimiento de las disposiciones, aseguró que comparten con la presidenta la preocupación por un entorno digital seguro sin embargo, señaló que los mecanismo no parecen los adecuados; pues considera que hay un espectro que se está dejando fuera en la creación de estos manuales.
"Lo que nos preocupa es que no vimos en la lista a plataformas como Roblox, Fortnite, Minecraft, tampoco vimos plataformas de streaming como Netflix, Disney, tampoco vimos a gente de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, OpenAI, etcétera", remarcó
Rodríguez precisó que los entornos no contemplados representan áreas donde los menores pasan gran cantidad de horas, muchas sin supervisión , sitios que considera demandan esquemas de protección idénticos a los que se solicitaron para las redes sociales tradicionales.
Vacíos en la verificación de usuarios
La vocera indicó que las plataformas requeridas por la autoridad deberán documentar y adecuar las medidas de protección con las que cuentan en sus sistemas globales, y expuso que los manuales solicitados deben detallar los procesos de monitoreo técnico mediante imágenes y parámetros de filtrado, con el objetivo de prevenir el acoso, la pornografía y los materiales inadecuados en cuentas gestionadas por tutores.
"Más bien creo que lo que van a hacer es documentar y tropicalizar todo lo que ya existe y naturalmente entregarlo y abrir un canal de comunicación abierta 24/7 con el gobierno", declaró al añadir que las empresas se comprometerán a establecer un canal de comunicación con las autoridades.
Al abordar el plazo establecido por el Poder Ejecutivo, Rodríguez catalogó como viable el periodo de un mes para la entrega de los documentos iniciales, aunque enfatizó que la naturaleza de la tecnología exige esquemas permanentes de evaluación.
"Para la primera entrega y el primer diálogo 30 días es correcto, el tema es que la tecnología avanza a pasos agigantados y entonces habría que proporcionar o generar un programa de monitoreo constante", afirmó la presidenta del comité.
Aunque también enfatizó la necesidad de supervisar las interacciones entre usuarios en línea para prevenir riesgos como la presencia de adultos que suplantan identidades con la intención de contactar amenores de edad dentro de los entornos virtuales.
Control parental y gestión de datos
Respecto al tiempo de exposición de la población infantil, señaló que los menores de edad registran promedios de uso de dispositivos que oscilan entre 4 y 8 horas diarias en el país. Además de que enfatizó que las barreras de seguridad principales no residen exclusivamente en las políticas de las aplicaciones, sino en la configuración previa que los padres de familia realizan en los dispositivos móviles.
Por lo que la presidenta del comité directivo de la "Asociación de Internet MX" puntualizó que la falta de activación de los controles parentales en teléfonos y tabletas expone a los usuarios que son menores de edad a riesgos desde que encienden esos mismos equipos.
Rodríguez concluyó señalando que la verificación de la edad real de los menores al momento de abrir una cuenta representa un obstáculo operativo complejo para la industria. Pues explicó que la validación no puede recurrir al uso de datos biométricos, actas de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP) de los menores por tratarse de información personal altamente sensible, cuya recopilación mantendría limitaciones dentro del marco legal.