Mujeres anfitrionas advierten que límite de ocupación amenaza una fuente flexible de ingresos en CDMX
REMA sostuvo que no busca un trato especial para las mujeres, pero pidió que la regulación considere la carga de cuidados que limita sus oportunidades de acceder a empleos con horarios rígidos
La restricción que limita al 50 por ciento del año la operación de inmuebles destinados a estancias turísticas en la Ciudad de México puede afectar especialmente a mujeres que encontraron en la actividad de anfitrionía una alternativa flexible para obtener ingresos mientras realizan labores domésticas y de cuidados.
Así lo advirtió Magdalena García Hernández, fundadora de la Red de Mujeres Anfitrionas (REMA), durante la conferencia de prensa del Frente Unidos por la Hospitalidad, donde organizaciones del sector rechazaron los límites de ocupación establecidos en la legislación capitalina y exigieron nuevas mesas de trabajo con las autoridades.
García Hernández aclaró que las anfitrionas no buscan condiciones especiales ni privilegios por ser mujeres, pero consideró indispensable que cualquier regulación tome en cuenta la realidad laboral y familiar que enfrentan miles de ellas.
Explicó que las tareas de cuidado continúan recayendo de manera importante en las mujeres, lo que reduce sus posibilidades de incorporarse a empleos tradicionales con jornadas fijas de varias horas en una oficina o centro de trabajo.
En ese contexto, señaló que la anfitrionía representa para muchas mujeres una opción para generar ingresos propios o complementarios sin abandonar sus responsabilidades familiares.
La flexibilidad de esta actividad, añadió, permite combinar el trabajo remunerado con el cuidado de hijas, hijos, personas adultas mayores u otros integrantes de la familia, una circunstancia que debe formar parte del análisis antes de imponer restricciones generales.
La representante de REMA destacó además que la actividad no beneficia únicamente a quienes ofrecen alojamiento, sino que genera cadenas económicas en las comunidades a través de servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento, transporte y comercio local.
Por ello, sostuvo que reducir a la mitad del año -como lo propuso el Gobierno de la Ciudad de México- la posibilidad de trabajar puede impactar no sólo los ingresos de las anfitrionas, sino también a otras personas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.
“Es una actividad lícita”, planteó García Hernández, quien pidió que la regulación esté sustentada en evidencia y considere sus consecuencias económicas y sociales.
La representante de REMA insistió en que reconocer las condiciones particulares que enfrentan muchas mujeres no implica solicitar excepciones a la ley, sino incorporar una perspectiva más amplia sobre las formas actuales de trabajo y generación de ingresos.
Durante la conferencia, el Frente Unidos por la Hospitalidad —integrado por Todos Somos Anfitriones (TSA), la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional (APAR), la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) y REMA— manifestó su rechazo a cualquier porcentaje máximo de ocupación anual.
La habilitación del Padrón de Anfitriones, el pasado 22 de mayo, activó disposiciones aprobadas desde octubre de 2024, entre ellas el límite del 50 por ciento de ocupación anual y restricciones al número de habitaciones y propiedades que pueden administrarse.
De acuerdo con las organizaciones, las medidas pueden afectar a más de 68 mil 800 familias que participan en esta actividad como fuente principal o complementaria de ingresos.
Juan Pablo González, representante de APAR en la Ciudad de México, afirmó que el sector no se opone a ser regulado, pero sí a que se determine de manera general cuántos días al año puede trabajar un anfitrión.
“No estamos de acuerdo con ningún límite de ocupación”, sostuvo al plantear que es posible construir reglas equilibradas sin destruir una actividad legítima que genera empleos y paga impuestos.
Por su parte, Ángel Jesús Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones, rechazó que limitar las estancias turísticas sea una solución al problema de la vivienda o a la gentrificación en la capital.
Advirtió que los anfitriones no son responsables de la problemática habitacional y sostuvo que una reducción de la oferta terminaría beneficiando principalmente a los grandes operadores hoteleros y concentrando nuevamente la actividad turística.
El Frente recordó que el Gobierno de la Ciudad de México amplió hasta diciembre de 2026 el plazo para realizar el registro en el padrón, después de reconocer que existían situaciones particulares no contempladas originalmente.
Ante ello, las organizaciones demandaron que también sea revisado el límite del 50 por ciento y que las decisiones futuras se sustenten en evidencia sobre sus efectos reales en vivienda, empleo, economía local y condiciones de trabajo.
Después de alrededor de 24 meses de diálogo con autoridades, el Frente exigió la instalación de nuevas mesas de trabajo que permitan modificar los aspectos de la legislación que consideran desproporcionados.
Para REMA, esa revisión también debe reconocer una realidad que suele quedar fuera del debate: para muchas mujeres, la posibilidad de administrar sus propios tiempos no es una comodidad, sino la condición que les permite participar en una actividad económica al mismo tiempo que continúan sosteniendo buena parte de las labores de cuidado en sus hogares