Nayib Bukele va por tercer mandato como presidente de El Salvador; ¿por qué puede hacerlo?
Nayib Bukele buscará encabezar un nuevo mandato de seis años, entre polémicas y señalamientos.
El escenario político de El Salvador ha dado un giro definitivo. El presidente Nayib Bukele fue oficializado por su partido, Nuevas Ideas, como candidato único para buscar un tercer mandato consecutivo de seis años en las elecciones de febrero próximo. Este movimiento consolida su hegemonía en un país que, históricamente, prohibía la reelección inmediata.
A pesar de las advertencias de organismos internacionales sobre el debilitamiento democrático y las violaciones a los derechos humanos, los niveles de aprobación del mandatario superan el 85%. Para entender este fenómeno, es necesario desglosar las reformas legales, el factor de la seguridad pública y la ausencia de contrapesos institucionales.
El andamiaje legal: ¿Cómo se eliminaron los límites constitucionales?
La continuidad de Bukele requirió una reconfiguración absoluta del marco legal e institucional mediante mecanismos exprés controlados por el oficialismo:
El antecedente de 2024: La Constitución salvadoreña prohibía explícitamente la reelección consecutiva. Sin embargo, en 2024, un fallo emitido por jueces de la Sala de lo Constitucional —afines al gobierno— habilitó la primera postulación de Bukele bajo una polémica reinterpretación jurídica.
La reforma definitiva de julio de 2025: Con el control absoluto del Congreso, el partido oficialista Nuevas Ideas abolió el límite constitucional de dos mandatos consecutivos, legalizando la reelección indefinida. La oposición legislativa calificó este acto como "la muerte de la democracia".
Ampliación del periodo y fin del balotaje: Esta misma reforma extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y eliminó por completo la segunda vuelta electoral.
Sincronización de calendarios: El mandato actual de Bukele concluirá en 2027 debido a un recorte técnico de dos años diseñado para alinear los comicios presidenciales con los locales
El pilar fundamental que sostiene el proyecto político de Bukele es su estrategia de seguridad. Bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, el ejecutivo desmanteló las estructuras de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Esta medida redujo la criminalidad a mínimos históricos, transformando la percepción pública en las calles.
Ha sido un cambio significativo, antes teníamos miedo. Vamos a apoyarlo los cinco, diez, 15 años que quiera permanecer. Es el único que puede darnos esta tranquilidad", dijo Julio Flores (40 años), comerciante en San Salvador.
Sin embargo, la efectividad en seguridad pública choca directamente con el descontento en otras áreas clave, como la economía interna y la salud de las instituciones democráticas.
Aunque ha habido un avance en la seguridad, no es bueno para la democracia que Bukele vaya nuevamente como candidato... [se resiente además] el aumento del costo de vida", señaló Miguel Hernández (35 años), transportista
¿Por qué no existe una oposición que le haga sombra?
El ecosistema político salvadoreño carece actualmente de contrapesos reales. Bukele rompió tres décadas de bipartidismo tradicional en 2019 al obtener el 53% de los votos, impulsado por el voto joven y el hartazgo social hacia los partidos históricos de la posguerra civil (ARENA y FMLN).
En el panorama actual, el mandatario se presenta en fórmula fija junto a su vicepresidente, Félix Ulloa, respaldado por el control total de la Asamblea Legislativa, la fiscalía, el sistema judicial y el resto de los organismos estatales. La oposición se encuentra fragmentada y reducida a una mínima expresión legislativa, incapaz de articular una candidatura competitiva.
El "Dictador Cool" y las alertas internacionales por Derechos Humanos
Fiel a su estilo irónico y altamente efectivo en plataformas digitales, Bukele se ha autodefinido en redes sociales como un "dictador cool". Su modelo de seguridad de mano dura se ha convertido en un producto de exportación ideológica para diversas corrientes de derecha en el continente americano, afianzado notablemente por su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump.
Pese a esta proyección, su balance internacional enfrenta serios cuestionamientos:
El caso de la megacárcel (2025): La reputación exterior del gobierno sufrió un fuerte impacto tras mantener incomunicados durante cuatro meses a 252 ciudadanos venezolanos deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Tras su liberación, denunciaron torturas sistemáticas y abusos graves.
Persecución a activistas: Organizaciones locales e internacionales denunciaron la detención de defensores de derechos humanos, entre ellos la abogada Ruth López, quien encabezaba investigaciones sobre corrupción estatal y restricciones a las libertades civiles.
Exilio de la sociedad civil: Entidades críticas como Cristosal y Socorro Jurídico se han visto obligadas a operar desde el exilio. Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen de forma reiterada que el régimen de excepción se utiliza deliberadamente como una herramienta punitiva para silenciar la disidencia política.