Notarios denuncian presiones del gobierno de Nayarit

Al gobierno de Miguel Ángel Navarro Quintero no le basta con el despojo denunciado por decenas de ejidatarios en la Riviera de Nayarit. Ahora, también está ejerciendo presión sobre notarios públicos para que modifiquen documentación relacionada con predios e inmuebles.

Periódico Excélsior entrevisto a diversos notarios de Nayarit quienes pidieron el anonimato para evitar ser víctimas de la Fiscalía del Estado que les podrían imputar los delitos de falsificación de certificaciones, delitos relacionados con la certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ramón Domínguez, notario público y vocero del grupo, sostiene que la administración estatal encabezada por Miguel Ángel Navarro Quintero no sólo habría concentrado decisiones en distintas instituciones públicas, sino que también buscaría extender su influencia sobre quienes tienen la facultad de otorgar fe pública.

“El problema con los notarios es un problema más estructural del gobierno. Esta administración se ha estado enfocando en controlar todas las instituciones y los tres poderes. Lo que está intentando hacer es también controlar el sector de la fe pública, que es sumamente importante tanto para legitimar las acciones de gobierno como para dejar indefensas a las personas que se encuentran en oposición al mismo gobierno. Es un problema de control, simplemente el gremio notarial es otro de los sectores que el gobierno pretende absorber”.

De acuerdo con su testimonio, controlar a los notarios permitiría al gobierno limitar instrumentos de defensa ciudadana y, al mismo tiempo, disponer de fedatarios dispuestos a validar operaciones vinculadas con bienes inmuebles.

El señalamiento adquiere mayor gravedad porque el notario vincula esta supuesta ofensiva con el denominado "Mega Operativo Nuevo Nayarit" y con la disputa por propiedades ubicadas en Bahía de Banderas, una de las zonas de mayor valor inmobiliario del estado.

Domínguez asegura que durante administraciones anteriores diversos notarios participaron en escrituras relacionadas con inmuebles de esa región porque autoridades y fideicomisos solicitaron formalmente sus servicios. Según explica, realizar esas certificaciones formaba parte de sus obligaciones profesionales y, en sí mismo, no constituía una conducta ilícita. Sin embargo, sostiene que años después algunos de esos actos comenzaron a utilizarse como base para investigaciones y detenciones.

“En el tiempo cuando se empezaron a dar estas operaciones, durante el gobierno de Ney González, prácticamente todos los notarios elaboraron una escritura en relación con la zona de Bahía de Banderas, porque en ese tiempo el fideicomiso, como autoridad, solicitaba tus servicios como notario público para certificar alguna operación”.

El efecto, habría sido enviar un mensaje contundente al resto del gremio: cualquiera que hubiera intervenido en operaciones similares podía terminar sometido a un procedimiento penal.

Ahí aparece una de las acusaciones más delicadas. Domínguez describe un supuesto mecanismo en el que primero se solicita información sobre la existencia de órdenes de aprehensión y, después de que la Fiscalía informa que no existe alguna, se tramita rápidamente una orden judicial que permite detener al investigado antes de que pueda promover una nueva defensa. Posteriormente, afirma, el Ministerio Público solicita prisión preventiva.

La denuncia apunta directamente al funcionamiento de instituciones que, por mandato legal, deberían actuar con plena independencia. De acuerdo con los señalamientos, la Fiscalía mantendría una coordinación con jueces de control y otras instancias judiciales para dificultar o limitar la defensa de determinadas personas.

“Si tú presentas un amparo contra una posible orden de aprehensión, el juez de distrito solicita un informe a Fiscalía. Fiscalía dice que no hay orden de aprehensión. Entonces, inmediatamente después de que se da el informe, giran la orden en esa ventana de oportunidad”.

Señaló directamente que familiares de personas detenidas han recibido advertencias para mantenerse alejados de medios de comunicación, organismos de derechos humanos y denuncias públicas.

“Normalmente mandan a llamar a familiares para establecer un canal de comunicación y te leen la cartilla. Te dicen que mientras no vayas con los medios de comunicación, no presentes denuncias penales, no vayas a derechos humanos y no presentes quejas de ningún tipo, no va a pasar nada con la persona que se encuentra internada en el penal y el resto de su familia puede estar tranquila”.

Posteriormente, comenzarían supuestas "negociaciones" en las que a los notarios se les pediría entregar su patente y, en algunos casos, cantidades de dinero, mientras que como alternativa se plantearía aceptar un procedimiento abreviado.

Domínguez sostiene que aproximadamente diez notarios han enfrentado consecuencias relacionadas con estos conflictos, algunos habrían renunciado a sus patentes y cuatro se encontrarían privados de la libertad.

Otro punto bajo cuestionamiento es el funcionamiento de las notarías cuando sus titulares dejan de ejercer. El entrevistado señala que modificaciones legales eliminaron la figura del notario suplente, lo que, desde su perspectiva, abre la posibilidad de declarar vacantes determinadas notarías y posteriormente someterlas a concurso.

Domínguez acusa que ese procedimiento podría permitir la llegada de personas previamente favorecidas por el gobierno.

“Existen notarías cuya actividad quedó prácticamente detenida. Ciudadanos con escrituras, contratos o trámites pendientes no habrían podido concluirlos, mientras trabajadores quedaron sin posibilidades de continuar sus labores y, por tanto, sin ingresos, la paralización también tendría como objetivo debilitar económicamente a los notarios detenidos y reducir su capacidad para financiar su defensa jurídica”.

Notarios de Nayarit acusados por operaciones inmobiliarias

Las investigaciones emprendidas por la Fiscalía de Nayarit contra distintos notarios públicos han derivado en acusaciones penales que varían de acuerdo con cada expediente y que, en varios casos, están relacionadas con operaciones inmobiliarias efectuadas en Bahía de Banderas y con bienes vinculados al Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA).

Uno de los casos corresponde a Luis Miguel "N", notario de Bahía de Banderas, señalado por presunta falsificación de documentos y certificaciones, además de conductas relacionadas con la certificación, formalización, registro e inscripción de bienes inmuebles.

En su expediente también aparece la imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de una investigación relacionada con movimientos patrimoniales efectuados en esa región turística de Nayarit.

Otro de los fedatarios investigados es Jesús "N", titular de la Notaría Pública número 18 de Tepic. En su caso, las autoridades le atribuyen presunta asociación delictuosa, falsificación de documentos y falsificación de certificaciones.

La investigación también incluye posibles irregularidades relacionadas con la formalización e inscripción de propiedades, así como administración fraudulenta de inmuebles vinculados con el FIBBA.

A esta lista se suma Juan Antonio "N", notario público número 11 de Tepic y quien anteriormente se desempeñó como secretario general de Gobierno.

La Fiscalía le atribuye presunta falsificación de certificaciones y fraude específico. De acuerdo con la acusación, habría intervenido en la formalización de una operación de compraventa mediante poderes notariales que presuntamente ya habían sido revocados cuando se realizó la transacción.

Por su parte, Jorge Alberto "N", también relacionado con investigaciones sobre bienes del FIBBA, enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, falsificación de documentos y falsificación de certificaciones.

El expediente incorpora además señalamientos por posibles irregularidades en procesos de certificación, formalización, registro e inscripción de inmuebles, así como por administración fraudulenta.

Las imputaciones contra estos fedatarios forman parte de distintos procedimientos y no necesariamente corresponden a una sola causa penal, aunque varios de ellos aparecen relacionados con operaciones inmobiliarias investigadas en el contexto del denominado "Megaoperativo Nuevo Nayarit".

Los casos recientes tampoco son los primeros en los que un notario público de la entidad enfrenta acusaciones penales.

En 2022 fue detenido Alonso "N", a quien la Fiscalía estatal imputó delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, amenazas agravadas y secuestro.

Sin embargo, ese procedimiento corresponde a un expediente distinto y no forma parte de las acusaciones de carácter patrimonial relacionadas recientemente con operaciones inmobiliarias y bienes vinculados al FIBBA.