Partido Verde urge aplicar la Ley de Economía Circular para optimizar la gestión de residuos
Semarnat revela severo rezago en sitios de disposición de residuos: solo 52 de 2 mil 250 cumplen la norma técnica
El 97.7 por ciento de los sitios de disposición final de residuos sólidos en México incumple con la normativa ambiental, de acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Frente a este escenario, el Partido Verde llamó a consolidar y aplicar de manera efectiva la Ley General de Economía Circular en las 32 entidades del país.
La dimensión del rezago en la gestión de desechos se refleja en los datos presentados por José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat.
El funcionario puntualizó que "de los 2 mil 250 sitios de disposición final de residuos que existen en el país, únicamente 52 cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003", norma técnica que regula la infraestructura para evitar la contaminación del suelo y controlar las emisiones de biogás.
La dependencia federal expuso que la mayoría de los municipios operan con severas limitaciones técnicas, pues carecen de diagnósticos sobre la cantidad y composición de los desechos que recolectan, además de enfrentar deficiencias en los servicios de recolección e infraestructura para la separación de materiales, condiciones que impiden el reciclaje eficiente.
Ante la problemática, el Partido Verde recordó que la Ley General de Economía Circular, aprobada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2026, busca transformar el modelo productivo y de consumo.
La legislación establece mecanismos de responsabilidad extendida para los productores, esquemas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la reconversión gradual de los rellenos sanitarios en centros de aprovechamiento.
Finalmente, el instituto político sostuvo que "avanzar hacia una economía circular requiere transformar la manera en que se producen, consumen y aprovechan los recursos, para evitar que materiales que todavía pueden reutilizarse terminen convertidos en desechos", por lo que urgió a armonizar las leyes estatales para garantizar una transición hacia el aprovechamiento sustentable.