El PRI exige a la ASF auditar contrataciones e irregularidades en el INE
El legislador Emilio Suarez Licona explicó que su partido solicitó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados una revisión sobre los contratos del INE y una auditoría de expedientes administrativos, contrataciones de personal y adjudicaciones a proveedores ante las presuntas anomalías y conflictos de interés en el instituto.
Emilio Suárez Licona, diputado del PRI e integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, exigió una auditoría exhaustiva a expedientes administrativos y adjudicaciones a proveedores en el Instituto Nacional Electoral (INE) ante señalamientos de anomalías y conflictos de interés en el organismo.
En entrevista con David Páramo en Imagen Radio, el legislador explicó que la representación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formalizó la petición de revisión física y financiera ante el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados.
"El miércoles pasado presentamos formalmente ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados una solicitud de revisión y fiscalización sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral. Exigimos auditar de manera exhaustiva los expedientes administrativos, contrataciones de personal y adjudicaciones a proveedores ante los señalamientos de presuntas anomalías y conflictos de interés", declaró.
Señalamientos por sueldos y proveedores en la presidencia del INE
El legislador del PRI explicó la detección de irregularidades en la nómina interna y en las asignaciones directas del organismo electoral y agregó que existen registros de contrataciones con percepciones elevadas asignadas a la oficina de la presidencia del INE.
Asimismo, Suárez Licona dio a conocer la presencia de funcionarios en la estructura administrativa que desempeñaron cargos previos como representantes de empresas proveedoras del mismo INE, incorporaciones que dijo, generan presuntos conflictos de interés que deben investigarse.
"En el Consejo General expusimos casos concretos que requieren aclaración inmediata, como contrataciones de personal con percepciones elevadas en la oficina de la presidencia del instituto, así como la designación de funcionarios que previamente fungieron como representantes de empresas proveedoras del propio organismo", manifestó.
Investigaciones en curso por triangulación de recursos
El también integrante de la Comisión de Vigilancia señaló que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con expedientes abiertos respecto a los esquemas de contratación del órgano electoral y comentó que las indagatorias avanzan sobre procesos licitatorios específicos.
Enfatizó que la fiscalización técnica debe rastrear la asignación de presupuestos a proveedores para descartar esquemas ilícitos y dijo que el órgano fiscalizador mantendrá la revisión sobre los contratos adjudicados durante el presente periodo administrativo.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que ya cuenta con indicios e investigaciones en curso respecto a posibles anomalías en licitaciones y triangulación de recursos", sostuvo el legislador.
Petición de informe al Órgano Interno de Control
El representante priista consideró necesaria la intervención directa del Órgano Interno de Control del instituto para emitir un balance administrativo y argumentó que la transparencia del árbitro electoral resulta indispensable de cara al desarrollo del proceso electoral de 2027.
Aseveró que la institución debe operar sin dudas sobre la aplicación de su presupuesto asignado y puntualizó que las autoridades fiscalizadoras deben deslindar responsabilidades individuales mediante procedimientos estrictamente legales.
"Pedimos al Órgano Interno de Control (OIC) del INE que rinda un informe detallado sobre la situación administrativa interna y el estatus de las investigaciones preventivas. La autoridad electoral debe mantener los estándares más elevados de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en la víspera de la preparación del proceso electoral de 2027", expresó.
Deslinde de responsabilidades y sanciones aplicables
El diputado federal insistió en que las revisiones administrativas buscan garantizar la legalidad en el uso de los recursos públicos, aunque aclaró que la mera existencia de expedientes de investigación para el INE no prejuzga responsabilidades hasta que concluyan las auditorías correspondientes.
Suárez Licona concluyó que ahora le tocará a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano Interno de Control determinar si hubo faltas administrativas o violaciones a la Ley de Adquisiciones y agregó que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados dará seguimiento a los dictámenes emitidos por las instancias fiscalizadoras.