Reforma constitucional de bienestar animal, clave para frenar ataques de jaurías: PVEM
El Partido Verde señala que la reciente modificación constitucional es la herramienta clave para combatir la crisis de maltrato, abandono y reproducción sin control que detona las agresiones caninas en el país.

Luego de una serie de ataques de perros registrados en distintas regiones del país, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) señaló que la reforma constitucional en materia de bienestar animal, aprobada en 2024 con su impulso, representa una herramienta fundamental para atender las causas de fondo de este fenómeno.
Uno de los casos más graves ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un hombre perdió la vida tras ser agredido por una jauría.
El incidente se suma a operativos desplegados en Zumpango, Estado de México, ante denuncias por agresiones caninas, en un contexto en que reportes recientes advierten un incremento significativo de este tipo de ataques en el territorio nacional.
El Partido Verde destacó que estos hechos no son solo un problema de seguridad pública, sino el reflejo de una crisis vinculada al abandono de animales, la reproducción sin control y la ausencia de cuidados adecuados. En ese sentido, destacó que la incorporación del bienestar animal en la Constitución abre la puerta para fortalecer programas educativos, campañas de concientización y acciones comunitarias orientadas a erradicar el maltrato.
El instituto político subrayó la necesidad de impulsar políticas públicas enfocadas en la prevención, la esterilización masiva, la adopción responsable y la educación ciudadana, como vías para reducir tanto el sufrimiento animal como los riesgos para las comunidades. Consideró que promover una convivencia respetuosa con los animales contribuye directamente a mejorar la seguridad y el bienestar colectivo.
El partido reiteró que construir una cultura de responsabilidad y respeto hacia los animales es condición indispensable para avanzar hacia una sociedad más segura y solidaria, y llamó a los distintos órdenes de gobierno a implementar acciones concretas con base en el nuevo marco constitucional.