Reforma al Poder Judicial "desmanteló por desmantelar": Mariana Calderón
La directora del Consejo Nacional de Litigio Estratégico advierte que la iniciativa de leyes secundarias corrige parte del diseño de 2024, pero mantiene riesgos para la independencia judicial.
La directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Mariana Calderón Aramburu, aseguró que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Amparo presentada por los cuatro órganos del PJF evidencia los errores de la reforma judicial de 2024. En entrevista con Ivonne Melgar, para la Primera Emisión, reconoció que el paquete busca consolidar el nuevo diseño institucional, pero alertó que no resuelve problemas de fondo.
Calderón destacó que los titulares de los cuatro órganos mostraron "un ejercicio de unidad", aunque consideró que el hecho de que tengan que armonizar la legislación secundaria demuestra que la reforma de 2024 "desmanteló por desmantelar". Afirmó que en aquella "no hubo planeación, no hubo sentido, no hubo una dirección clara".
Para la especialista, la propuesta reconstruye figuras que ya existían, como el Pleno de órganos superiores, mecanismo de coordinación entre los cuatro órganos. También busca que la Corte opere con dos secciones. Sostuvo que la iniciativa pretende "darle más movilidad al poder judicial" y desahogar el rezago, pues la anterior, dijo, "fue una reforma sin pies y cabeza" que ha impedido su funcionamiento operativo.
Autonomía presupuestal
Uno de los cambios centrales es que la Suprema Corte y el Tribunal Electoral recuperan la administración de sus recursos, inmuebles y organización interna, facultad que la reforma de 2024 había concentrado en el órgano de administración judicial. Calderón calificó ese diseño como "totalmente absurdo".
Detalló que la Corte podrá determinar los sueldos y prestaciones de su personal. Aunque el presupuesto seguirá concentrado en el órgano de administración, "van a tener autonomía de gestión", explicó.
El Tribunal de Disciplina, el gran pendiente
La especialista advirtió que persiste el riesgo de que el Tribunal de Disciplina revise el contenido de las sentencias. Recordó que desde su creación muchos expertos lo consideraron "una especie de inquisición". Aunque la iniciativa establece que los jueces serán imparciales e independientes, señaló que deja "puertas" abiertas para seguir vigilando su actuación.
Citó el caso de la jueza Martha Magaña, a quien, dijo, el tribunal persigue por una suspensión que otorgó contra la reforma judicial. Este tipo de situaciones, sostuvo, "va a ser un riesgo latente para las personas juzgadoras".
Sin examen previo para candidatos
Calderón criticó que la iniciativa no establece un examen previo para quienes aspiren a un cargo judicial por voto popular. "No se toca absolutamente nada del examen previo", afirmó. En su lugar, se prevé que una comisión evaluadora del Tribunal de Disciplina aplique exámenes posteriores a quienes ya ocupen el cargo.