Sancionan a la Federación Mexicana de Fútbol con 42.8 mdp por irregularidades en el FAN ID
El organismo incurrió en dos infracciones graves al ser el responsable directo del tratamiento de la información en los estadios del país.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso una multa histórica de 42 millones 849 mil 95 pesos a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C. (FMF), tras acreditar diversas violaciones a la legislación vigente en materia de protección de datos personales mediante la implementación del sistema de identificación obligatoria conocido como "FAN ID".
De acuerdo con la resolución oficial de la autoridad federal, emitida este 12 de julio de 2026, el organismo deportivo incurrió en dos infracciones graves al ser el responsable directo del tratamiento de la información recopilada en los estadios del país. En primer lugar, el gobierno federal determinó que la federación omitió informar de manera adecuada a los aficionados que las fotografías recabadas para generar el código de acceso correspondían a datos biométricos y, por ende, tenían el carácter legal de datos personales sensibles. Esta falta en el aviso de privacidad impidió que los asistentes conocieran el alcance real sobre el uso y destino de su información.
Asimismo, la resolución señala que la FMF no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito que exige el marco jurídico para el manejo de este tipo de registros. La autoridad detalló que la organización deportiva "se limitó a utilizar el marcado de una casilla en un sitio web, sin recabar firma autógrafa ni firma electrónica o cualquier otro mecanismo de autenticación que acreditara, de manera indudable, que era el titular quien otorgaba su consentimiento".
El monto de la penalización económica se fijó con base en la gravedad de las faltas, la naturaleza sensible de los datos biométricos expuestos y la capacidad financiera de la propia federación conforme a su declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal 2024. Aunque la FMF mantiene su derecho de impugnar la sanción por las vías legales pertinentes, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno adelantó que "defenderá con firmeza la legalidad de su resolución, por haber sido emitida con estricto apego a derecho y en protección del interés público".