Sector pesquero de Campeche escala protestas; denuncian desatención de Layda Sansores
Pescadores ribereños rechazan asistir al informe de gobierno tras amenazas y exigen cumplimiento inmediato a su pliego petitorio
La Federación de Comunidades Pesqueras Ribereñas y Acuicultores del Municipio de Campeche intensificó sus movilizaciones frente al Gobierno del Estado, denunciaron que sus demandas fundamentales no han sido atendidas de manera directa por la gobernadora Layda Sansores.
Ante la falta de acuerdos resolutivos y tras denunciar amenazas contra sus líderes, la organización, que agrupa a comunidades como Lerma, San Román y Seybaplaya, anunció que no asistiría al informe de la mandataria.
El conflicto, que ha escalado tras manifestaciones en eventos públicos, se centra en un pliego petitorio de cuatro ejes estratégicos que el sector considera vitales para su subsistencia económica.
Los pescadores califican como "insignificante" el apoyo actual de $4,000 pesos anuales, que representa apenas 11 pesos diarios. Exigen un aumento directo de otros $4,000 pesos para mitigar la crisis, propuesta que actualmente analiza la Secretaría de Finanzas.
Denuncian un manejo opaco e ilícito de los fondos del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente. La federación exige la eliminación de intermediarios y que las compensaciones por el impacto petrolero lleguen directamente a los pescadores mediante auditorías locales.
Ante el elevado costo de operación, demandan un subsidio estatal directo para el diésel y la gasolina ribereña. Aunque el gobierno ha reconocido la legitimidad de la petición, ha condicionado su avance a la entrega de un anteproyecto técnico por parte de las cooperativas.
Finalmente exigen que la CONAPESCA y autoridades estatales frenen la pesca furtiva que depreda las especies comerciales durante las vedas. Asimismo, reclaman una representatividad justa, acusando que el gobierno suele priorizar los intereses de Ciudad del Carmen sobre las comunidades del norte y centro del estado.
La decisión de no acudir al informe de gobierno respondió, aseguraron, a un clima de desconfianza. Los representantes, entre ellos José del Carmen Huicab Fernández y Abraham Martínez Caamal, señalaron como antecedente la detención de activistas en eventos previos, lo que consideran un riesgo para su integridad.