Participación de policías en caso Roxana Guzmán reabre discusión sobre desaparición forzada
El analista René Delgado denuncia que la participación de agentes y un comandante de Ixhuatlán del Sureste eleva el crimen a un delito de Estado, justo cuando la ONU evalúa el expediente de México.
René Delgado, colaborador especialista en materia política, denunció la participación de agentes de seguridad pública local en el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán, lo que reabre la discusión sobre la desaparición forzada en México.
Durante su participación en la Primera Emisión de Imagen Informativa de Imagen Radio, el especialista detalló que el involucramiento operativo de cuatro elementos de la corporación de Ixhuatlán del Sureste, incluido su comandante, transforma el estatus legal del crimen y reactiva el debate sobre la responsabilidad del Estado mexicano en las privaciones ilegales de la libertad.
Esta operación la llevó a cabo el cártel, el de la mafia veracruzana, también conocida como La Sombra, pero contó con el apoyo de cuatro agentes de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste. De estos cuatro elementos de la policía municipal uno de ellos era el comandante. Habrían esos policías no solamente dado apoyo con recursos, sino de recursos de la propia policía, además de apoyo logístico e incluso alimentario a los criminales que levantaron a esta mujer".
El analista especificó que la cooperación de los servidores públicos con las células delictivas altera la tipificación jurídica del caso acontecido en la región sur de la entidad veracruzana. El marco normativo vigente establece que la intervención o el consentimiento de las corporaciones del orden eleva la conducta delictiva a un nivel de corresponsabilidad institucional.
El ponente expuso que la legislación distingue las acciones de particulares frente a los actos donde existe omisión o tolerancia por parte de las autoridades. Esta diferencia conceptual, apuntó el comunicador, resulta central para determinar el alcance de las investigaciones ministeriales y las subsecuentes sanciones penales contra los funcionarios involucrados.
Cuando la desaparición de una persona, a la desaparición de esa persona se agrega la acción, la omisión o la tolerancia del Estado, esto deja de ser una desaparición simple exactamente para convertirse en una desaparición forzada grave en cualquier caso".
Implicaciones del expediente ante las Naciones Unidas
El caso de la periodista veracruzana se inscribe en medio de un proceso de evaluación internacional sobre las condiciones de seguridad pública en el territorio nacional. El especialista recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas determinó transferir el expediente del país ante el pleno de la Asamblea General.
El colaborador refirió que la determinación internacional de abril pasado se fundamentó en la detección de conductas sistemáticas dentro de las entidades federativas mexicanas. La administración federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos catalogaron dicha resolución como un dictamen condicionado, bajo el argumento de que no existe una política centralizada de Estado.