Corrupción en México cuesta 3,865 pesos por persona; Coparmex pide sanciones efectivas

Jaleyna de la Peña Molina, presidenta de la Comisión Nacional de Integridad y Anticorrupción de Coparmex, exige establecer el combate a la corrupción como una prioridad nacional ante el costo de 3,865 pesos por persona registrado en el país.

En entrevista con Rogelio Varela para Imagen Radio, la representante patronal señaló que la ausencia de sanciones punitivas invalida el marco legal vigente y obstaculiza el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la competitividad internacional.

"El problema de México no es una falta de leyes; sí tenemos un sistema nacional anticorrupción, tenemos una ley de responsabilidades administrativas, hay sistemas de fiscalización y aún así seguimos con el desafío. Entonces no es normativo, es institucional. No es falta de leyes, es falta de resultados", afirmó De la Peña Molina.

Costo per cápita e impacto internacional

La vocera empresarial explicó que el costo promedio del problema se colocó en la cifra más alta detectada en la última década. Esta situación afecta directamente las condiciones de competencia en el mercado interno y detiene los flujos de capital extranjero.

Los números no nos mienten. A cada ciudadano nos cuesta 3,865 pesos. Continúa la corrupción de los principales obstáculos para el crecimiento económico, para atraer inversión y pues para ponernos a competir en nuestro país", señaló la especialista.

A nivel global, la representante sectorial reportó las evaluaciones obtenidas por la nación en las mediciones de transparencia. El país mantiene un rezago normativo que lo posiciona en los niveles más bajos de desarrollo institucional.

"Internacionalmente estamos igual de reprobados. México obtuvo 27 de 100 puntos en el índice de percepción de la corrupción y eso nos ubica en el lugar 141 a nivel mundial. Así de grave es este problema y hay que atenderlo de manera inmediata", apuntó De la Peña Molina.

Extorsión concentrada en gobiernos municipales

La presidenta de la comisión indicó que las conductas delictivas se expandieron por los tres órdenes de gobierno, manifestándose con mayor incidencia en las administraciones locales durante la tramitación de permisos de operación.

Tenemos el problema en los tres órdenes de gobiernos, más a nivel municipal donde te cobran un soborno por otorgarte una licencia, te cobran o te aplazan algunos permisos, hay discrecionalidad en los términos y eso tiene que acabar", sentenció la vocera.

Estas prácticas arbitrarias impactan la operatividad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas. La cúpula empresarial propone acelerar la transición tecnológica e implementar la digitalización completa de los trámites públicos federales y locales.

"A nivel federal se han hecho algunas modificaciones y eso impide de alguna forma que las instituciones acudan al soborno. ¿Qué es lo que está pasando? Esto ahoga sobre todo a las mipymes que son el corazón de la economía mexicana", especificó la especialista.

La representante patronal argumentó que el bajo índice de denuncias formales responde directamente al temor fundado de los empresarios a recibir sanciones administrativas inmediatas por parte de las mismas autoridades locales.

No se denuncia porque no tenemos canales de denuncias seguros. Las empresas tienen mucho miedo. Cuatro de cada 10 han sido víctimas de extorsión en nuestro Data Coparmex. Tú denuncias y mañana te llegan y te clausuran", advirtió la presidenta de la comisión.

El organismo sectorial expuso que las unidades de negocio operan con flujos económicos al día, lo cual les impide sostener litigios legales prolongados o cierres temporales provocados por las revisiones reglamentarias consecuentes a una acusación.

"Mañana llegan y te hacen inspecciones o lo que parecía algo muy sencillo se vuelve algo sumamente complicado. Las pymes generalmente viven día con día, entonces no se pueden dar el lujo de denunciar y obtener la represalia", añadió De la Peña Molina.