Crisis emocional y sobrecarga operativa paralizan sistema judicial: periodista en derechos humanos
Carlos Martínez revela la alarmante crisis de agotamiento y salud mental que enfrentan los abogados y juzgadores en México ante un sistema de justicia aletargado.

Carlos Martínez, periodista especialista en derechos humanos, advierte que el gremio jurídico en México enfrenta una crisis de salud emocional y operativa derivada de las condiciones actuales en la impartición de justicia. El sistema judicial presenta una saturación que afecta tanto a litigantes independientes como a funcionarios de carrera y juzgadores recientemente electos.
En entrevista para ¡Qué Tal Fernanda! con Fernanda Familiar, el analista detalló que la estructura del sistema judicial carece de mecanismos de soporte para los profesionales del derecho. La acumulación de expedientes y la extensión prolongada de los procesos jurisdiccionales generan un desgaste que impacta directamente en el bienestar de quienes operan las leyes.
El abogado hoy en día está quebrado emocionalmente. El abogado está padeciendo problemas de salud. En un estudio realizado en México a personas involucradas en el sistema de justicia, jueces, ministros y secretarios de acuerdos, se encontró que el 25% estaba en estados emocionales muy malos. El que tú tengas personas que imparten justicia, que también son abogados, enfermos emocionalmente, va generando una distorsión", sentenció el especialista.
Martínez señaló que la crisis económica también afecta al sector, dado que el salario promedio de 11,100 pesos resulta insuficiente frente a la complejidad de las cargas de trabajo. La transición hacia esquemas de pago por caso, en lugar de igualas mensuales, profundiza la precariedad financiera de miles de litigantes independientes que conforman el 85% del gremio en el país.
Juzgadores rebasados ante carga laboral de 15,000 expedientes
La implementación de la reforma judicial ha derivado en una situación operativa insostenible dentro de los juzgados federales y estatales. El especialista denunció que los nuevos juzgadores enfrentan una carga laboral de hasta 15,000 expedientes, lo cual impide el cumplimiento de los términos legales y favorece el aletargamiento de los juicios.
Los juzgadores electos por voto popular están rebasados con cargas de trabajo de 15,000 expedientes. Muchos están renunciando por falta de recursos y condiciones para operar. No hay manera de procesar tal volumen de trabajo en 365 días, considerando los periodos de descanso. El sistema está rebasado", precisó Martínez.
El entrevistado expuso que la falta de espacios de relajación y protocolos de salud mental, contemplados en normativas como la NOM-035 pero inaccesibles para el abogado independiente, agrava el cuadro clínico del personal jurídico. La ausencia de un patrón definido para la mayoría del gremio impide la creación de entornos laborales adecuados para la gestión del estrés.
Impacto del dolor humano en la práctica jurídica
El análisis destacó que los abogados especializados en derechos humanos y defensores de oficio son quienes presentan los indicadores de salud más vulnerables. La exposición constante al dolor humano y a situaciones de injusticia, principalmente cometidas por instancias estatales, deriva en patologías crónicas que no son atendidas por el sistema de salud ni por el aparato judicial.
Uno de cada tres abogados considera que su trabajo afecta su bienestar. Los juzgadores de oficio y abogados que atienden casos pro bono enfrentan mayores niveles de estrés al absorber el dolor humano de las víctimas y las injusticias que, en ocasiones, son cometidas por el Estado. Se van tragando las injusticias, se van tragando el dolor humano sin herramientas para procesarlo", concluyó el especialista.
El experto reiteró que la formación académica debe integrar obligatoriamente estrategias de manejo emocional y resiliencia para evitar que el ejercicio de la abogacía comprometa la salud física y mental de sus practicantes, cuya labor resulta indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la defensa de las garantías fundamentales de la sociedad.