Despidos en Defensoría Pública debilitan acceso a la justicia: Marcela Vázquez
Acusó que las bajas del personal técnico impactan directamente las funciones sustantivas del Instituto Federal de Defensoría Pública
Marcela Vázquez Garza, columnista en Excélsior, señaló que la eliminación de plazas de 43 trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública debilita el acceso a la justicia.
En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Radio, la especialista señaló que el nuevo Órgano de Administración Judicial ejecuta estas remociones de manera unilateral. Esta instancia sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal y cuenta con facultades legales que permiten rescindir contratos sin la obligación de comprobar una causa justificada ante las leyes laborales vigentes.
La ley orgánica le otorga independencia técnica y de gestión sobre todos los órganos del sistema, lo que en la práctica significa mayor discrecionalidad. Quien toma decisiones sobre la estructura y el personal puede hacerlo por medio de cualquier oficio, sin rendirle cuentas absolutamente a nadie."
Recorte presupuestal en el Poder Judicial para 2026
Vázquez Garza expuso que el presupuesto aprobado para el Poder Judicial en 2026 presenta una reducción del 7.3 por ciento en términos reales en comparación con el periodo financiero anterior.
Detalló que los trabajadores afectados sostienen que el financiamiento de sus plazas laborales se encontraba completamente integrado dentro del techo presupuestal autorizado. La columnista explicó que la intervención directa del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial derivó en el acuerdo posterior de recontratar a 18 de los 43 empleados cesados originalmente.
No se explicó cuáles van a ser los criterios para recontratar a 18 y no a los 43. La parte más grave es que además se eliminan las plazas en su totalidad. Incluso cuando se contraten sustitutos, es casi como parchar el escándalo laboral, pero el daño institucional permanece."
La analista indicó que la desaparición completa de los puestos impide que las recontrataciones solucionen la problemática estructural dentro del organismo. El recorte de plazas, dijo, afecta el funcionamiento a largo plazo de las delegaciones estatales encargadas de proveer la defensa legal gratuita a la población sin recursos.
Vázquez Garza acusó que las bajas del personal técnico impactan directamente las funciones sustantivas del Instituto Federal de Defensoría Pública, pues los integrantes de esta área realizan los estudios socioeconómicos indispensables para determinar si un ciudadano cumple con los requisitos legales para acceder a la representación jurídica gratuita en asuntos del fuero federal.
La especialista manifestó que estos profesionales elaboran los dictámenes periciales requeridos por los jueces para evaluar si las multas o fianzas impuestas superan las capacidades económicas reales de los procesados. Asimismo, efectúan la localización física de ciudadanos en situación de calle para la entrega formal de citatorios judiciales.
"Acompañan a mujeres víctimas de violencia, acompañan a personas de la tercera edad y a personas que no hablan español para darles todo este proceso o traducir todo este sistema que muchas veces es muy complejo, a volverlo legible. Una trabajadora describió su labor como ser los ojos del juez."
La ausencia de trabajadores sociales especializados, acusó, paraliza el acompañamiento directo en las audiencias y la traducción de los tecnicismos legales para comunidades vulnerables. La reestructuración administrativa traslada estas actividades especializadas en empleados de áreas generales que carecen de la preparación técnica obligatoria.