5 desafíos económicos que enfrenta Lula para su nuevo mandato en Brasil
Para el cuarto mandato de Lula da Silva en Brasil, el presidente enfrentará deuda disparada, altas tasas, morosidad y un Congreso opositor

La economía de Brasil enfrenta varios desafíos, ante el nuevo mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Algunos de los pendientes de los últimos años está el aumento de la deuda y los arraigados problemas estructurales del país.
1. Aumento de la deuda
La deuda pública de Brasil se disparó más de 10 puntos porcentuales durante el actual mandato de Lula, con lo que superó hasta el 82% del PIB, lo que elevó los costos de financiación.
La causa principal son años de aumento del gasto obligatorio, lo que deja menos del 8% del presupuesto federal, disponible para ajustes.
Lula envió señales fiscales contradictorias en varias ocasiones, con lo que restó importancia a las preocupaciones sobre la deuda con calificativos de “tonterías”. Argumentó que un fuerte crecimiento económico solucionaría el problema.
Su equipo se comprometió a mantener las actuales normas de presupuesto del Gobierno, que limitan el crecimiento del gasto, y establecen objetivos de saldo primario —ingresos menos gastos, excluyendo los pagos de intereses de la deuda pública—, y ha insinuado que las endurecerá.
Será más difícil alcanzar esos objetivos, por la promesa de Lula de aumentar el salario mínimo sobre la inflación. Esto también eleva los costos de las pensiones, luego de haber aumentado las prestaciones sociales y prometido nuevos gastos.
2. Altas tasas de interés e inflación persistente
Pese a que el costo del dinero se mantiene en un restrictivo 13.75%, el índice de precios al consumidor acumula una variación interanual del 4.6%, sobrepasando la banda de tolerancia oficial fijada por el Banco Central (de entre 1.5% y 4.5%).
La autoridad monetaria decretó el mes anterior su quinto recorte consecutivo a los tipos de interés ante las señales visibles de enfriamiento productivo; sin embargo, los pronósticos del mercado descuentan que las presiones sobre los precios continuarán rebasando el objetivo central del 3% al menos hasta 2029.
El plan de gobierno de Lula plantea abaratar el crédito mediante un ordenamiento fiscal que preserve intactos los programas de asistencia social.
Pese a ello, la mayoría de los analistas coincide en que una flexibilización más acelerada de la política monetaria únicamente será viable mediante una reducción efectiva del gasto público, sin que se haya clarificado aún cómo congeniar ambas posturas.

3. Hogares y empresas sometidos a una gran deuda
Cifras de la firma especializada Serasa revelan que cerca de 84 millones de ciudadanos y 9.3 millones de unidades productivas —un récord histórico— se encuentran en situación de morosidad, arrastrados por el peso de las elevadas tasas financieras.
Esta vulnerabilidad ha avivado el malestar social, desluciendo avances macroeconómicos relevantes como una desocupación en mínimos históricos y un dinamismo salarial que corre por encima de la inflación.
Para mitigar esta coyuntura, la administración entrante proyecta una nueva etapa de rescate financiero enfocada en la adquisición de cartera vencida de particulares con descuento directo de la banca comercial, junto con la condonación de adeudos impositivos para pequeños negocios, herramientas que diversos expertos evalúan como paliativos de efecto meramente pasajero.
De igual forma, el Ejecutivo ha sostenido diálogos con el Banco Central para diseñar fórmulas que desincentiven el endeudamiento a través de instrumentos de consumo de alto costo —tales como tarjetas de crédito y préstamos personales desregulados—, aunque por el momento no se han formulado iniciativas formales.
4. Escaso capital político para las reformas
El avance de las iniciativas estructurales del Ejecutivo en el Parlamento enfrentará un escenario altamente adverso, tras la conformación de las cámaras legislativas más conservadoras en Brasil desde la restauración democrática en la década de 1980.
A pesar del triunfo de Lula sobre el senador de derecha Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo, la bancada del Partido Liberal de Bolsonaro y sus agrupaciones afines perfilan el control mayoritario en el Senado y la Cámara de Diputados.
Los colaboradores del mandatario han indicado que mantendrán la ofensiva para reducir exenciones tributarias; sin embargo, el Poder Legislativo ha frenado recurrentemente cualquier propuesta que suponga un incremento en la presión tributaria neta.
A lo largo de su mandato actual, Lula ya ha experimentado marcadas dificultades para obtener el visto bueno senatorial para nombramientos estratégicos en la Corte Suprema, el Banco Central, la Comisión de Valores Mobiliarios y el regulador de competencia económica, un proceso de ratificación que podría volverse todavía más intrincado ante la correlación de fuerzas predominante en el Congreso.
5. Incertidumbres sobre la reforma fiscal
En 2023, la presidencia logró la aprobación legislativa de una transformación profunda al régimen de tributación del consumo, que incluye la entrada en vigor en enero de un nuevo impuesto sobre el valor añadido (IVA).
No obstante, a menos de un trimestre de su aplicación formal, el Ejecutivo sigue sin transparentar la tasa impositiva definitiva que regirá el gravamen, la cual analistas independientes estiman que rondará un nivel cercano al 28%.
Con el fin de esquivar controversias políticas durante el periodo electoral, el Gobierno aplazó también la remisión del marco normativo específico para el gravamen sobre productos nocivos para la salud o el entorno ambiental, como bebidas alcohólicas y tabaco.
Este retraso técnico amenaza con debilitar las metas de recaudación proyectadas para este tributo y ha acentuado los cuestionamientos hacia la conducción hacendaria del gabinete federal.

Con información de Reuters