ASF detecta fallas en el manejo de participaciones federales en BCS

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó deficiencias en el manejo y control de participaciones federales distribuidas por el Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Víctor Manuel Castro Cosío, a sus cinco municipios durante el ejercicio 2025, luego de revisar más de 2 mil 541 millones de pesos correspondientes a recursos federales.

De acuerdo con el Informe Individual de Auditoría número 512, la revisión abarcó el 100 por ciento de los recursos transferidos para su reparto municipal. Aunque el órgano fiscalizador determinó que, en términos generales, la distribución se realizó conforme a los criterios aprobados por la legislatura local, también documentó fallas relevantes en el pago oportuno, en la supervisión de descuentos y en los mecanismos de transparencia.

Una de las irregularidades señaladas ocurrió en febrero de 2025, cuando el Gobierno de Castro Cosío retrasó 31 días el pago de recursos del Impuesto Sobre la Renta correspondientes al municipio de Los Cabos. Ese incumplimiento generó rendimientos financieros por 170 mil 530.70 pesos que no fueron cubiertos inicialmente al ayuntamiento. La cantidad fue pagada hasta el desarrollo de la auditoría, tras la intervención de la ASF.

Por este caso, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Baja California Sur abrió un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, registrado bajo el expediente SCyTG/EPRA/083/2026.

La ASF también observó un manejo deficiente en las afectaciones aplicadas a las participaciones federales. En 2025, la Secretaría de Finanzas y Administración estatal realizó descuentos por mil 194 millones 390 mil 976 pesos con cargo a distintos fondos, pero el órgano fiscalizador detectó que algunos de esos recursos fueron tomados de fondos que, conforme a la normativa, no podían ser afectados.

El caso más relevante se ubicó en el municipio de La Paz. La ASF identificó afectaciones a recursos provenientes del FOFIR, IEPS, FOCO ISAN, ISAN y Tenencia o Uso de Vehículos, fondos no previstos para ese tipo de descuentos. Además, señaló que se rebasó el porcentaje máximo de afectación permitido para las participaciones por la venta final de gasolina y diésel.

Aunque el gobierno estatal presentó documentación para justificar el origen, autorización y destino de las retenciones, la ASF sostuvo que se afectaron fondos no permitidos por la normativa. Por estos hechos, la Contraloría estatal abrió otro expediente de investigación administrativa, identificado como SCyTG/EPRA/084/2026.

En materia de transparencia, el informe también exhibió fallas. La entidad no contó inicialmente con evidencia de haber enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la publicación oficial de los informes trimestrales sobre participaciones federales correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2025, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a su publicación.

Esa omisión derivó en un tercer procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas, bajo el expediente SCyTG/EPRA/085/2026. Posteriormente, el gobierno estatal entregó copias certificadas de capturas de pantalla de correos electrónicos con los que aseguró haber remitido dicha información a Hacienda, por lo que la observación fue solventada.

En total, la ASF determinó 18 resultados: en 14 no detectó irregularidades y cuatro fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe. Sin embargo, el propio documento ubica como áreas de mejora la falta de controles para pagar en tiempo los recursos del ISR, la insuficiente supervisión en los descuentos aplicados a participaciones y las deficiencias en el proceso de transparencia.

  La intervención de la ASF permitió recuperar 170 mil 530.70 pesos correspondientes a los rendimientos financieros generados por el retraso en el pago al municipio de Los Cabos. Además, el Gobierno de Baja California Sur instruyó acciones para pagar los recursos del ISR dentro de los cinco días posteriores a su recepción, actualizar contratos de fideicomisos y asegurar que las deducciones se apliquen únicamente a fondos permitidos por la ley.