Colegiado revoca suspensiones concedidas por juez a favor de proveedor federal
Un juez determinó que las medidas impedían la ejecución de inhabilitaciones administrativas en contravención de un criterio obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dejó sin efectos dos suspensiones definitivas concedidas por el juez Gabriel Regis López, titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, al determinar que las medidas impedían la ejecución de inhabilitaciones administrativas en contravención de un criterio obligatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El juicio de amparo que dio origen a las resoluciones fue promovido por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, empresa que, de acuerdo con Compras MX, registra 325 contratos con dependencias del Gobierno federal entre 2017 y 2026 por un monto superior a 14 mil 467 millones de pesos.
La decisión derivó de los recursos de revisión R.A. Inc. 14/2026 y R.A. 189/2026, en los que los magistrados concluyeron que las resoluciones emitidas por Gabriel Regis López debían revocarse por ser incompatibles con la jurisprudencia 2a./J. 157/2010 de la Segunda Sala de la Corte.
Ese criterio establece que no procede conceder suspensiones cuando su efecto es impedir la ejecución de una inhabilitación temporal para participar en procedimientos de contratación pública o celebrar contratos con el gobierno.
El tribunal también consideró que mantener vigentes esas medidas cautelares afectaba el interés público, debido a que el artículo 134 de la Constitución obliga a que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad por las magistradas Pilar Maciel Aldana Huerta, presidenta del tribunal, y Ana Yadira Alarcón Márquez, ponente, así como por el magistrado Rolando González Licona.
Como consecuencia de las suspensiones originalmente concedidas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control del IMSS emitieron circulares en el Diario Oficial de la Federación para suspender temporalmente la ejecución de las inhabilitaciones mientras permanecieran vigentes las medidas cautelares.
La última de esas publicaciones apareció el 18 de diciembre de 2025 e instruyó dejar sin efectos la ejecución de las sanciones, así como su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su registro en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.
El juicio de amparo fue promovido por Grupo de Seguridad Privada Pryse de México, empresa que, de acuerdo con Compras MX, suma 325 contratos con dependencias del Gobierno federal entre 2017 y 2026 por más de 14 mil 467 millones de pesos. Al momento de la consulta para este reportaje, la compañía no figuraba en el directorio público de proveedores sancionados.
Cabe recordar que Gabriel Regis López participó como candidato en el proceso de elección para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.