PVEM exige fortalecer fiscalías especializadas para proteger a mujeres víctimas de violencia

El Partido Verde apuesta por unidades capacitadas para garantizar el debido proceso y castigar agresores

Por: Manuel Rodríguez

El PVEM busca mejor atención a mujeres víctimas de la violencia con fiscalías especializadas
El PVEM busca mejor atención a mujeres víctimas de la violencia con fiscalías especializadasEspecial

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) instó a consolidar la atención operativa en las investigaciones por delitos cometidos contra las mujeres.

El instituto político respaldó la implementación de mecanismos que generen confianza en la ciudadanía y motiven el incremento de las denuncias. En ese marco, la fuerza política recordó la iniciativa promovida en 2024 para obligar a que todas las entidades del país cuenten con fiscalías especializadas.

Dicha propuesta coincidió con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y quedó plasmada en la reforma constitucional publicada el 15 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación.

A fin de garantizar un acceso efectivo a la justicia, el PVEM reconoció los trabajos desarrollados en diversas entidades federativas. Un ejemplo de este avance se registra en la fiscalía general del Estado de Guerrero, organismo que imparte jornadas de capacitación a servidoras y servidores públicos en la región de Tierra Caliente.

Este programa busca robustecer las capacidades de respuesta estatal, asegurar la atención integral y erradicar prácticas de revictimización durante la recepción de denuncias. El Partido Verde enfatizó que la profesionalización del personal público resulta clave para brindar un trato digno con perspectiva de derechos humanos.

 "Al establecer la obligación de contar con instancias especializadas que atiendan estos delitos con mayor eficacia, sensibilidad y profesionalismo, no solamente se mejoran los procesos de investigación, sino también la experiencia de las víctimas", recalcó la dirigencia del partido.

La agrupación política concluyó que mantener unidades de investigación bien capacitadas afianza el debido proceso en beneficio de las familias afectadas.

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