Detectan más de 5 mil 200 mdp sin comprobar en 42 municipios
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que, por primera vez, el organismo interpuso tres denuncias penales cuando las auditorías todavía estaban en curso

Durante los primeros seis meses de la actual gestión, es decir, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la Auditoría Superior de la Federación detectó más de 5 mil 200 millones de pesos cuyo destino no pudieron acreditar 42 municipios del país.
El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que, por primera vez, el organismo interpuso tres denuncias penales cuando las auditorías todavía estaban en curso, sin esperar a que concluyera todo el proceso de fiscalización.
Los expedientes corresponden a obras públicas pagadas y no ejecutadas, equipo médico de alta especialidad que no fue localizado y documentos presuntamente apócrifos utilizados para simular el pago de cuotas de seguridad social, en perjuicio del Estado y de trabajadores de intendencia.
Y hay un resultado que merece especial atención. Como consecuencia de las nuevas atribuciones de nuestra institución, por primera vez presentamos tres denuncias penales relacionadas con auditorías en desarrollo, es decir, se presentaron antes de que concluyeran el proceso de fiscalización”, puntualizó.
Al presentar ante comisiones de Vigilancia de la ASF y de Transparencia y Anticorrupción de Cámara de Diputados, la Segunda Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2025, el funcionario precisó que se fiscaliza directamente a más de mil 200 municipios y alcaldías, cuyos resultados se conocerán en febrero de 2027.
En la entrega de este viernes, se presentaron datos de 42 auditorías municipales en las que se revisó el cien por ciento de los recursos federales transferidos, y de los que los que no se pudieron comprobar el destino d más de 5 mil 200 millones de pesos.
Es decir, la totalidad de los recursos federales asignados a estos 42 municipios” que no pudieron ser acreditados.
Dijo que ante los cambios de administración, por el periodo electoral del 2027, y la falta de documentación, propondrá una plataforma digital para que los gobiernos salientes entreguen y resguarden en los servidores de la ASF la información de las cuentas públicas pendientes de revisión.
Advirtió que, si existe negativa para proporcionar documentos y obstaculizar la fiscalización, “se aplicará todo el rigor de la ley”.

Para ampliar las investigaciones, Hernández Cardiel destacó los convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Antimonopolio, orientados a detectar operaciones de riesgo, conflictos de interés, posibles acuerdos indebidos y colusión entre empresas en contrataciones públicas.
Además, informó que se determinaron 60 promociones para que autoridades como el SAT y el IMSS ejerzan facultades de comprobación ante posibles incumplimientos fiscales y de cuotas de seguridad social por parte de proveedores del gobierno.
El auditor llamó a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a verificar que sus contratistas cumplan con esas obligaciones desde el inicio y durante toda la vigencia de los contratos.
Ahora verificamos no solamente el ejercicio de los recursos por parte de los entes públicos, sino también el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores y prestadores de servicios contratados con dinero público”.
Por último, lanzó una advertencia sobre intermediarios o coyotes, que ofrecen supuestas gestiones ante la Auditoría para evitar observaciones o sanciones.