Exigen reforzar instituciones de justicia tras atracción de la SCJN del caso María Elena Ríos
El Partido Verde advierte que la intervención del Máximo Tribunal evidencia fallas en las fiscalías estatales e insta a consolidar áreas especializadas contra la violencia de género en el país.
La facultad de atracción ejercida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar el proceso penal de María Elena Ríos puso al descubierto la fragilidad del sistema judicial local, por lo que el Partido Verde señaló que «la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de revisar el caso de María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido ocurrido en Oaxaca en 2019, evidencia la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de investigar la violencia contra las mujeres». Ante el escenario de impunidad que rodea las agresiones por razón de género en diversos estados, el instituto político sostuvo la urgencia de aplicar a cabalidad el marco legal enfocado en la protección a las víctimas.
Las deficiencias estructurales en las procuradurías del país obligaron a impulsar cambios normativos de fondo a nivel federal, recordando que «la reforma, promovida por el Partido Verde, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2024, establece la obligación de las fiscalías estatales de contar con áreas especializadas en violencia contra las mujeres». Esta legislación mandata la reestructuración de los ministerios públicos para evitar fallas procesales en las carpetas de investigación sobre ataques gravísimos contra el género femenino.
El giro procesal del caso se desencadenó el pasado 19 de octubre, cuando los ministros del Máximo Tribunal determinaron asumir el expediente, donde «revisarán la legalidad de la resolución que dejó sin efecto la sentencia absolutoria dictada en agosto de 2024 a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual del ataque, y ordenó la reposición del juicio oral». La intervención de la Corte busca garantizar un juzgamiento adecuado frente al intento de feminicidio que sufrió la saxofonista oaxaqueña hace más de cinco años.
Frente a la dilación sustancial que registran las investigaciones ministeriales en México, la representación parlamentaria del Partido Verde destacó que «la reforma que impulsó busca reducir las deficiencias en las investigaciones y fortalecer la respuesta institucional frente a los delitos de violencia contra las mujeres». La meta principal es asegurar que los dictámenes periciales y las diligencias cuenten con rigor técnico desde el primer momento en que se denuncia un delito de género.
Finalmente, en el contexto del litigio estratégico que enfrenta la víctima en tribunales federales, el grupo parlamentario reiteró «su compromiso de continuar respaldando iniciativas que mejoren la procuración de justicia, garanticen una atención especializada y fortalezcan la protección de los derechos de las víctimas». Con ello, el partido político instó a las fiscalías locales a acelerar la profesionalización de sus agentes para evitar que casos constitutivos de tentativa de feminicidio queden impunes o deban ser subsanados por la Corte.