Gobierno federal y estatal aplicarán medidas severas ante contaminación del Atoyac
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el gobierno federal anunciaron una inversión proyectada superior a 265 millones de pesos para 2027 orientada al reúso de agua tratada en 1,450 hectáreas agrícolas, alineándose al objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum de sanear el río Atoyac hacia 2030.

Con una proyección presupuestal superior a los 265 millones de pesos para 2027 destinados a reutilizar agua tratada en mil 450 hectáreas agrícolas, el gobierno federal y el estado de Puebla anunciaron la aplicación de sanciones severas y vigilancia reforzada contra quienes contaminen la cuenca del río Atoyac. La estrategia, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y alineada con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar el saneamiento integral del afluente para el año 2030 sin tolerar excepciones normativas en los tres órdenes de gobierno ni en el sector industrial.
Durante la instalación de la primera mesa de trabajo con los 22 municipios de la cuenca, se informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) registra un avance de 79 inspecciones de una meta superior a 80 en el año, las cuales han derivado en 13 clausuras industriales. Al respecto, la subprocuradora Gabriela Ortiz Merino advirtió que no solo se aplicarán multas, sino que se exigirá la reparación del daño ambiental a las empresas infractoras. Asimismo, exhortó a los ayuntamientos a identificar y desincorporar de sus redes de drenaje a las industrias que viertan descargas de forma irregular.
Para fortalecer el monitoreo, el comisionado del proyecto, Isauro Martínez, anunció la creación de un centro de vigilancia vinculado a los sistemas C4 y C5. Por su parte, el subprocurador Alberto Rojas destacó la capacitación brindada a 73 empresas de alta incidencia contaminante y el trabajo directo con 33 industrias manufactureras, químicas y textiles. El mandatario Armenta Mier enfatizó que su administración cumplirá los compromisos de infraestructura con cuatro nuevas plantas de tratamiento y la instalación de biodigestores, advirtiendo que los operadores de agua que incumplan con sus responsabilidades enfrentarán las consecuencias legales correspondientes.