Gobierno de México aplica multas e inhabilita a dos empresas y a una persona física
"Engañar tiene consecuencias": Buen Gobierno veta a contratistas tras detectar facturas falsas y simulación de servicios
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a dos empresas y una persona física proveedora de la Administración Pública Federal, aplicando sanciones que suman 1 millón 668 mil 148 pesos en multas económicas e inhabilitaciones que van de los 3 a los 30 meses.
Las medidas se determinaron mediante los Órganos Internos de Control tras detectarse actos de dolo y la presentación de documentación falsa en diversos procedimientos de contratación pública.
El caso más severo se registró en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, donde la empresa Fedang de México, S.A. de C.V. recibió una sanción de 30 meses de inhabilitación y una multa de 1 millón 389 mil 110 pesos.
La autoridad acreditó el actuar doloso en el contrato para el servicio de chatarrización vehicular, al solicitarse el pago de dos facturas mediante un servidor público ajeno a la administración del contrato y sin haber cumplido con las obligaciones pactadas. La notificación de la sanción fue realizada el 13 de agosto de 2026 y fue publicada el 31 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por su parte, el Órgano Interno de Control en la Condusef multó con 134 mil 708 pesos e inhabilitó por 3 meses a la empresa Ifaser, S.A. de C.V.. La sanción derivó de la entrega de acreditaciones académicas falsas atribuidas al Instituto Politécnico Nacional y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco durante una licitación de mantenimiento.
Bajo el mismo motivo de información apócrifa en materia fiscal y de seguridad social ante la Lotería Nacional, un ciudadano fue multado con 144 mil 330 pesos e inhabilitado por 3 meses.
Los sancionados ya figuran en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, quedando impedidos para celebrar nuevos contratos con el Gobierno de México.
La dependencia federal enfatizó que “engañar para celebrar contratos públicos tiene consecuencias” y confirmó que defenderá con firmeza las resoluciones dictadas conforme a derecho en caso de presentarse impugnaciones.