Gobierno de Puebla registra baja en incidencia delictiva 

Durante el primer semestre de 2026, el estado de Puebla registró una tendencia a la baja en delitos de alto impacto, destacando una reducción del 66.7 por ciento en feminicidios, 61.5 por ciento en secuestros, 30.8 por ciento en extorsión y 21.5 por ciento en homicidios dolosos, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos indicadores de seguridad coinciden con el desmantelamiento de cinco laboratorios de drogas sintéticas localizados durante la actual administración —dos de ellos en lo que va de este año— y la captura de diversos directores de Seguridad Pública municipales implicados en delitos de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Las intervenciones estratégicas del programa estatal "Cero Impunidad" permitieron desarticular un centro de producción de estupefacientes de gran escala en el municipio de Jopala, ubicado en la Sierra Norte, el cual operaba desde hace un año con la capacidad técnica para abastecer los mercados ilícitos de Puebla y Veracruz. Paralelamente, las fuerzas estatales y federales aseguraron otro complejo químico clandestino en Chila de la Sal, derivado de un despliegue de inteligencia conjunto enfocado en combatir el narcomenudeo y desactivar a los principales generadores de violencia a nivel regional.

Durante la presentación del balance general, el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta Mier, enfatizó el compromiso ético de su gestión y declaró de manera contundente: “Las y los poblanos deben estar seguros de que el Gobierno de Puebla actúa con estricto apego a la ley, no tenemos complicidad ni actuamos con omisión. Hacemos uso de todas las fuerzas, la tecnología y los instrumentos que tenemos para coadyuvar con las autoridades que se encargan de la procuración de justicia y de la seguridad”. El mandatario estatal reconoció la estrecha coordinación operativa con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y las corporaciones locales.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, advirtió sobre la intolerancia absoluta hacia la corrupción interna al señalar que “aquel servidor público que se preste a encubrir u omitir sus responsabilidades debe de recibir todo el castigo de la ley”. Esta política derivó en la detención penal de mandos policiales de los municipios de Jopala, Tlaola, Tlapacoya, Chietla, Tehuitzingo y Chila de la Sal, cuyas carpetas de investigación se sustentaron en denuncias ciudadanas anónimas procesadas mediante las líneas telefónicas 911 y 089.

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, confirmó que la efectividad de los procesos de investigación ministerial también impactó de forma positiva en los delitos patrimoniales, logrando una disminución del 25.2 por ciento en el robo de vehículos y del 33.4 por ciento en el robo de transporte con mercancía. Con estas acciones institucionales conjuntas, la administración estatal reafirmó una estrategia basada en el uso de la tecnología y el trabajo en equipo para salvaguardar la paz pública y mitigar la amenaza de las sustancias sintéticas en la juventud de la región.