¿Golpe histórico o grave error? Esto se sabe del supuesto mega decomiso de huachicol en Guanajuato

Lo que inicialmente se anunció el pasado 17 de septiembre como el mayor golpe al robo de hidrocarburos en la historia de México, hoy se encuentra en medio de la polémica

El aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato, ha desatado un choque de versiones.
El aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato, ha desatado un choque de versiones.Especial

El pasado 17 de septiembre, fuerzas federales y estatales anunciaron lo que era un golpe histórico en el combate al robo de combustible: el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato.

Sin embargo, a varios días del operativo, el caso dio un giro enfrentando las versiones de las autoridades de seguridad, de la empresa afectada, las advertencias de analistas energéticos y las protestas de la población local.

Esto es lo que sabemos hasta ahora del supuesto decomiso récord de huachicol.

El origen de la investigación y el cateo

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación comenzó el 3 de julio de 2026, tras la detención de una persona que descargaba diésel sin acreditar su procedencia, en San Luis de la Paz.

Estas pesquisas derivaron en cateos simultáneos a varias estaciones y culminaron en el ingreso al patio de operaciones de la empresa Gas Natural del Noroeste (GNN), ubicado en la comunidad de La Fragua, San José Iturbide.

En el lugar, las autoridades inmovilizaron 10 mega tanques de almacenamiento que contenían más de 33 millones de litros de gasolina Regular, 7.2 millones de gasolina Premium y 18.2 millones de diésel.

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González, calificó el hecho como el "mayor golpe en la historia del huachicol", descartando que fuera un "chiripazo".

FEMDO atrae el caso

Ante la magnitud del aseguramiento y la presunta participación de diversas compañías, la titular de la FGR ordenó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajera el caso.

La dependencia sostiene que las empresas vinculadas no han entregado la documentación necesaria para acreditar "de manera completa y fehaciente" el origen legal, el manejo y el destino final del hidrocarburo, por lo que rastrean posibles delitos de defraudación fiscal y contrabando.

¿Un grave error de las autoridades?

Pese a las acusaciones, especialistas y la propia empresa defienden la absoluta legalidad de las instalaciones.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el exconsejero independiente de Pemex, Fluvio Ruiz Alarcón, afirmó que el operativo responde a una "grave confusión".

El experto detalló que la terminal, con más de 10 años de historia, no comercializa combustible, sino que brinda servicio de custodia a empresas globales como ExxonMobil, Shell, Marathon e incluso a PMI, la empresa comercializadora de Petróleos Mexicanos.

Por su parte, Gas Natural del Noroeste emitió un comunicado asegurando que sus operaciones son "lícitas y verificables".

Destacaron contar con permisos vigentes por 30 años avalados por la ASEA y la Semarnat. La compañía advirtió que el cierre de la terminal, que ahora aseguran opera con normalidad, pone en riesgo el abasto energético del Bajío.

El conflicto social y político

Más allá del choque legal, el operativo destapó una severa irregularidad urbana. Los 10 mega tanques de almacenamiento se encuentran en la comunidad rural de La Fragua, a escasos metros de cuatro escuelas (un preescolar, una primaria, una secundaria y un bachillerato).

Esta situación provocó que, el pasado viernes, decenas de comuneros bloquearan la carretera federal 57 exigiendo la reubicación de las instalaciones ante el temor de una explosión.

El actual alcalde de San José Iturbide, Manuel Montes de la Vega, ha señalado que los permisos otorgados para construir este complejo "huelen a corrupción". La terminal fue avalada y ampliada en 2017 y 2018 durante la administración del entonces gobernador panista Miguel Márquez Márquez y el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

La FGR mantiene abierta la carpeta de investigación sin reportar detenidos en la planta, mientras el debate sobre si se trata de un golpe histórico o de una pifia monumental sigue en el aire.

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